Redacción Diario Correo

Este lunes 21 de octubre, el Poder Judicial va a evaluar si la fiscal suprema Delia Espinoza continúa o no al frente de la investigación preliminar contra Patricia Benavides y otros por presunta organización criminal.

La audiencia iniciará a partir de las 9 de la mañana donde la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará el recurso de apelación presentado por la exfiscal de la Nación para revocar el extremo de la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley el último 15 de marzo donde declaró infundada una tutela de derechos con las que buscaba que se ordene a Delia Espinoza que devuelva la fiscal relacionada a dicha investigación preliminar a la Fiscalía de la Nación para que este caso sea remitido al Fiscal Supremo Penal.

La defensa legal de Benavides demandó en su recurso a no desvirtuar el procedimiento establecido por ley, la defensa a la prueba y al principio de legalidad.

Sin embargo, el juez Checkley Soria indicó que el caso no podría estar a cargo de los fiscales supremos titulares Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez Velarde, pues ambos declararon en calidad de testigos en esta investigación preliminar por lo que Delia Espinoza sería la única habilitada y competente para conocerte este caso.

Además, el tribunal presidido por el juez supremo César San Martín evaluará también este lunes, la apelación que presentó Benavides Vargas contra el extremo de la decisión del juez supremo Checkley Soria, que declaró infundada otra tutela de derechos que interpuso para que se excluyera de dicha investigación preliminar los actos realizados por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder al estar viciados con nulidad debido a su ilegalidad al no tener competencia de realizar indagaciones contra una fiscal suprema en el ejercicio de sus funciones como Fiscal de la Nación.

Por otro lado, el colegiado supremo va a evaluar la apelación de Patricia Benavides para revocar el extremo de la decisión emitida por el juez supremo Checkley Soria que declaró infundada otra tutela de derechos que presentó para que se ordene la anulación de la disposición por la que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder dio inicio a diligencias preliminares especiales por un plazo de 36 meses decretando en secreto las diligencias por ocho meses y se ordene la exclusión de los actos de investigación que estén vinculados a la entrega de la información proporcionada por el congresista conocido como “Agente Roberto”.

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