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El pedido de la empresa Odebrecht para recuperar los S/524 millones retenidos tras la venta de Chaglla será resuelto en definitivo por la jueza María Álvarez Camacho, magistrada que homologó el acuerdo de colaboración eficaz.
Así lo informó el fiscal coordinador del Equipo Especial “Lava Jato”, Rafael Vela, quien dijo que una vez que su despacho formalice un pronunciamiento ante el Ministerio de Justicia sobre la existencia de investigaciones contra la constructora por casos ajenos al convenio, este será remitido al Poder Judicial.
La resolución judicial de homologación establece, para el reembolso del referido dinero, que la empresa no cuente con investigaciones en curso por casos ajenos a los 4 incluidos en el acuerdo, que firmó Odebrecht con el Ministerio Público y la Procuraduría.
“En principio, debemos comunicarle a la autoridad del fideicomiso (Minjus) cuál es nuestra postura e interpretación del convenio; y sobre esa base, entiendo que eso va a terminar siendo dilucidado por la propia jueza, como corresponde (...) Las interpretaciones del Ministerio Público no pueden ser auténticas. Tendrá que ser seguramente la propia judicatura la que finalmente resuelva esta controversia”, sostuvo en radio Exitosa.
Vela indicó que los argumentos incluidos en el convenio no solo fueron a iniciativa del MP, sino de la Procuraduría General de la República. Ello en respuesta a las críticas generadas a raíz de la solicitud planteada por Odebrecht.
Escenario
Fuentes del Ministerio Público explicaron a Correo que Odebrecht tuvo el aspecto comercial como principal motivación para participar en el acuerdo, es decir, la subsistencia y recuperación financiera mediante los recursos que recibiría de la venta de sus activos, entre ellos, Chaglla.Durante las negociaciones se contempló eximir a la constructora de la Ley 30767, que retenía parte de sus ingresos en un fideicomiso; y se establecieron consideraciones para asegurar el pago de la reparación civil y la disposición de la empresa para continuar con las investigaciones. La constructora señaló a las partes que con la liberación del dinero solventaría las deudas con sus acreedores, como Cofide.
“Nosotros hicimos una negociación desde lo penal a lo civil, conjunta. Eso se presentó al PJ y este a la hora de emitir la sentencia puso un requisito”, comentaron al referirse al “candado” puesto por la jueza Álvarez.
Las fuentes señalaron que la Fiscalía tendrá que informar al Minjus y a la magistrada sobre los procesos en curso contra Odebrecht fuera del convenio, pero también sobre los detalles iniciales del acuerdo firmado en Brasil: “La jueza también ha pedido que se le informe, porque controla la ejecución de su sentencia y tendrá que pronunciarse en un sentido”.Indicaron que si la solicitud de Odebrecht es denegada, existen probabilidades de que la empresa se declare en un quiebre financiero en el país y opte por vender sus activos para irse del país.
Si bien -indicaron- ello no contemplaría en riesgo la información entregada para las 4 investigaciones incluidas en el convenio, “sí podrían surgir problemas” para la disposición de la empresa en la entrega de nuevas pruebas para otros casos que la involucran.
