Policías estarán impedidos de dar servicio privado de vigilancia

El Gobierno promulgó ayer una norma que impide a los policías y militares brindar servicio de seguridad privada a instituciones particulares en sus días de franco, tal y como lo vienen haciendo hasta la fecha.

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La disposición, que forma parte del paquete de 11 decretos legislativos publicados ayer en el diario El Peruano, se encuentra dentro de la disposición que regula la labor de las empresas privadas que ofrecen este servicio.

En ella se establece textualmente que es ”incompatible la prestación o desarrollo de servicios de seguridad privada, teniendo la condición de integrante de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en situación de actividad o disponibilidad”.

EXCLUSIVIDAD. Consultado sobre el tema, el asesor del Ministerio del Interior, Javier Llaque, confirmó a Correo que con esta normativa se inicia la “recuperación de la exclusividad policial” anunciada por el ministro del sector, José Luis Pérez Guadalupe.

“Solamente se van a dedicar a ser policías. En su momento de descanso tendrán que recuperar fuerzas luego de su actividad diaria para que al día siguiente vuelvan a retomar las actividades a favor de la seguridad ciudadana”, explicó.

Asimismo, precisó que la medida entrará en vigencia a partir de enero del próximo año, luego de que se ponga en efecto el cuarto tramo de aumentos para los intrigantes de la Policía Nacional.

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“Se están tomando las medidas para una recuperación progresiva. Mañana o pasado se van a promulgar otros decretos en los que se especifique que los policías van a tener que dedicarse para lo que fueron formados”, manifestó.

Además, aseguró que las instituciones bancarias y financieras no quedarán desprotegidas, pues uno de los decretos que se publicará establece una excepción con las instituciones que requieran del apoyo policial.

“Se mantendrá la seguridad en ciertas zonas álgidas como bancos, financieras. (...) lo que se plantea es que, de requerirse, estas empresas no compren el día de franco de los policías, sino que la seguridad se dé a través de convenios con la Policía Nacional”, sostuvo.

Llaque añadió que los agentes policiales tampoco podrán formar parte de una empresa de seguridad privada, ya sea como socio o propietario.

“Lo que se busca es evitar que los policías o militares se dediquen a esta actividad porque no pueden ejercer un servicio público y privado a la vez”, dijo.

EN CONTRA. Al respecto, el congresista Octavio Salazar calificó de “error” la normativa, si se considera que el 50% de los agentes del orden realizan actividades paralelas por el “escaso sueldo que reciben”.

“La pregunta que se tiene que hacer es inmediata. ¿Los aumentos satisfacen las necesidades del personal policial o es que estamos nosotros pretendiendo pensar que con una norma per se vamos a apalear las necesidades económicas del personal policial?”, opinó.

El exjefe de la Policía informó que los efectivos que dan vigilancia a empresas privadas reciben entre 100 y 120 soles diarios, los que -dijo- deben ser suplidos por la escala de incremento salarial que establezca el Ministerio del Interior.

“El personal policial tiene ese sueldo dentro de su presupuesto familiar y considera ese dinero para gastos importantes. Con esta prohibición de trabajar se le afectará directamente”, argumentó.

A su turno, el general PNP (r) Alberto Jordán, actual gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Surco, consideró que esta medida va a perjudicar la economía familiar de los agentes.

Jordán comentó que las familias policiales tienen un presupuesto mensual que sin duda se va desequilibrar ante esta reducción de sus ingresos.

Esto, a su juicio, podría conducir a algunos agentes policiales a “hacer cosas indebidas” que nadie quiere.

En esa línea, Jordán sugirió al Ejecutivo entregar bonos especiales a fin de que el personal pueda compensar la merma en su salario.

“Eso es lo que todos queremos, una Policía eficiente. Pero el Estado, que es el padre, no le da bienestar, un buen sueldo. Lamentablemente, está la desesperación de ser padre y no poder atender a su familia... y se meten en situaciones que denigran a la Policía Nacional”, comentó.

OTROS DECRETOS. Por otro lado, en el grupo de decretos proclamados también se obliga a las empresas de telecomunicaciones a no otorgar una línea telefónica a los celulares que sean reportados como robados.

“Esta es una ley para inhabilitar el equipo robado, eso permite que (los celulares) ya no se puedan vender. Para ello, las empresas están obligadas a inhabilitar los equipos y esto se puede hacer porque existe el IMEI, que es el número de equipo con el que entran los celulares al país”, señaló el ministro del Interior, Pérez Guadalupe.

Otra de las modificaciones tiene que ver con la ampliación de 10 años de la pena de privación de la libertad para los delincuentes juveniles menores de entre 16 y 18 años que se vean involucrados en delitos de homicidio calificado, feminicidio, extorsión, pandillaje pernicioso o violación sexual, o que integren alguna organización criminal.

Sobre el tema, el titular de la cartera del Interior agregó que se coordinará con el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) para adecuar pabellones especiales en los que los menores culminen el pago de su pena luego de salir de los centros de rehabilitación.

Asimismo, el Ejecutivo estableció que los parques, hospitales, empresas de transporte y todo establecimiento público que tenga un aforo de 50 personas a más personas están obligados a contar con cámaras de videovigilancia a fin de registrar cualquier hecho delictivo perpetrado en la zona.

En cuanto al transporte motorizado, uno de los decretos establece que los motociclistas que se desplacen por cualquier punto de la ciudad deben utilizar de manera obligatoria un chaleco con la placa del vehículo y en el casco una calcomanía holográfica de seguridad. Si no lo hacen, en dos o tres meses se iniciará el control y la Policía podrá llevar los vehículos al depósito.

Además, se creó el Registro de Accidentes de Tránsito de la PNP y el Consejo Nacional de Seguridad Vial y el Observatorio Nacional.

Por otro lado, los ladrones de vehículos, autopartes, así como accesorios y equipos de informática, serán sancionados con penas de cuatro a seis años de cárcel y si los bienes robados provienen de delitos de robo agravado como secuestro, extorsión o trata de personas, la sanción será entre seis y doce años.