PPK plantea expulsión de funcionarios de Odebrecht

Las reacciones al “sismo” que generó la revelación del pago de 29 millones de dólares en coimas de parte de la empresa brasileña Odebrecht a funcionarios de tres gobiernos del Perú empezó con el propio Pedro Pablo Kuczynski.

Desde Yurimaguas, en la provincia de Alto Amazonas (Loreto), el presidente sugirió que los funcionarios de esa firma involucrados en actos probados de soborno deberían ser expulsados del país.

El jefe del Estado rechazó con énfasis haber recibido algún pago ilícito y expresó que no le caben dudas sobre la exhaustiva investigación que debe realizar el Ministerio Público.

“Los fiscales, eso se va a investigar sin duda”, dijo, y agregó que, a su juicio, no todos en Odebrecht son culpables.

“Algunos directivos que son los culpables, ellos sí deben estar expulsados (del país)”, demandó, al remarcar que espera una investigación completa.

En relación a la investigación del Ministerio Público que lo incluyó, respondió: “Sí, pero yo no tuve absolutamente nada que ver con esto, ¿eh? En esa investigación fui a declarar a la Fiscalía y fue totalmente archivada”, dijo en rueda de prensa.

Entre tanto, el acuerdo de delación al que llegó la empresa Odebrecht con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos colocó a los políticos peruanos de vuelta y media.

Y es que todos se preguntan quiénes son esos altos funcionarios peruanos que entre 2005 y 2014 habrían cobrado coimas por un valor de $29 millones a la empresa brasileña para luego beneficiarla con diversas licitaciones de obras públicas.

Las aguas más agitadas estuvieron en el Congreso de la República. Diversos parlamentarios que acudieron a la Comisión Permanente expresaron no solo su desazón y sus críticas a los expresidentes de la República.

Desde la bancada de Peruanos Por el Kambio, Juan Sheput consideró que “no se puede exonerar absolutamente a nadie”, por lo que se debe trabajar activamente en saber quiénes fueron los receptores del dinero.

“Acá no solo son políticos que han recibido coimas, también los estudios de abogados que les han facilitado cosas, las empresas de relaciones públicas. Un modelo que se ha replicado en varios países de Latinoamérica”, resumió.

Apuntó, entonces, que el reciente escándalo amerita que la primera semana de enero de 2017, la comisión “Lava Jato”, en el Congreso, sea reactivada.

Sheput recordó también que los países perjudicados por Odebrecht han sido resarcidos, a diferencia de Perú, donde la transnacional sigue operando libremente. “Siguen trabajando a lo largo y ancho del país y no pasa nada”, reclamó.

Al ser consultado sobre si las investigaciones también deberían alcanzar al presidente Pedro Pablo Kuczynski -quien fue premier de Alejandro Toledo y ministro de Economía-, el congresista indicó que no.

“El presidente Kuczynski ha dicho que no está involucrado. Confío plenamente en él. Pero en el caso específico, su calidad de testigo lo exonera del proceso investigatorio, que sí atañe a los gobiernos durante los cuales se señala se entregaron las coimas”, manifestó.

Sin embargo, no tuvo el mismo grado de confianza para el expresidente Alejandro Toledo -su exministro de Trabajo- al aseverar que no tiene la costumbre de poner las manos al fuego por alguien y “derretirse como vela”. “Yo no tengo esa costumbre medieval de poner las manos al fuego por nadie”, acotó.

Quien también coincidió con Sheput fue el exministro toledista Gino Costa, quien dijo que sí pondría las manos al fuego por Kuczynski, pero no por Toledo.

El ahora congresista por PPK aseveró que “confía en la honorabilidad” del actual mandatario.

“Por Alejandro Toledo no pongo mis manos al fuego porque hay elementos suficientes que dan cuenta de su involucramiento en graves hechos de corrupción”, indicó Costa.

Quien distó de ambos fue el congresista Carlos Bruce. “Yo no pongo la manos al fuego ni por mis hijos, ya están todos mayores de edad”, fue su contundente respuesta al ser consultado sobre su confianza en PPK.

En el caso de Toledo, Bruce sostuvo que es necesario investigar, puesto que “nos hemos enterado después de lo que pasó en el gobierno del señor Toledo”.

APRISTAS CHOCAN. Desde las tienda aprista, la defensa del expresidente Alan García estuvo dividida. Y es que para el congresista Jorge del Castillo, “todos están obligados moralmente a dar cuenta de sus actos”.

“Nadie puede sustraerse de eso. Yo no sé por qué tengo que poner las manos al fuego por nadie. Los demás nunca pusieron las manos al fuegos por mí”, dijo Del Castillo.

Mientras que, para el congresista Mauricio Mulder, las denuncias llegadas desde Estados Unidos “no llegarán a Alan García”.

“Yo no pongo las manos al fuego por Toledo. Por Alan García sí, porque yo soy testigo de que él de una manera clara, meridiana, machacona, insistente, siempre señalaba la vigilancia en el tema de la corrupción”, remarcó.

Mulder también consideró que en el caso del expresidente Ollanta Humala, existen más que evidencias. Recordó los documentos brasileños en los que aparecen sus iniciales: OH.

Finalmente, el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseveró que “es bastante difícil” que alguien ponga las manos al fuego por Ollanta Humala.

OTRAS INVERSIONES ¿Pero fue solamente Odebrecht la empresa brasileña que invirtió en el Perú y ha tenido complicaciones con la corrupción? Pues según el excontralor Fuad Khoury, entre el 2004 y 2015, fueron cinco empresas brasileñas las que invirtieron en el Perú con contratos de aproximadamente 16,256 millones de dólares.

Así, la transnacional Odebrecht participó en proyectos por más de $13 mil millones, Andrade Gutierrez estuvo en ocho proyectos por $1170 millones, Queiroz Galvao en ocho proyectos por más de $1019 millones, Camargo Correa con $1000 millones en seis proyectos y OAS en siete proyectos por $1300 millones.

Tras analizar las licitaciones, comentó Khoury, “la Contraloría intervino en la mayoría de todos los proyectos ejecutados de todas las empresas brasileñas”.

“Esto reveló una serie de irregularidades que fueron presentadas al Ministerio Público (...) Se hizo en varias obras, principalmente en las obras de mantenimiento de IIRSA Norte y los tramos 2,3 y 4 de la IIRSA Sur”, manifestó.

SUIZA ES LA CLAVE. Entre tanto, el Ministerio Público indicó que los hechos que se evalúan en la Corte Este de Nueva York ya vienen siendo investigados por el titular del primer despacho de la primera Fiscalía Anticorrupción a cargo del doctor Hamilton Castro.

A través de un comunicado, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, informó que tanto Hamilton Castro como el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, Alonso Peña, viajaron a Suiza con la finalidad de establecer mecanismos de “cooperación jurídica internacional”.

Explicaron que la cooperación suiza es importante, ya que gracias a ella, la justicia de Brasil logró diversos acuerdos de colaboración eficaz. Lo mismo se espera que ocurra con el Perú. Es por ello que están a la espera de que Suiza responda al pliego de asistencia judicial que han enviado vía los canales diplomáticos.

“Garantizamos una investigación libre de cualquier presión política, con el fin de establecer a los responsables de estos supuestos sobornos, pues todo acto de corrupción debe ser sancionado”, dijo Sánchez Velarde.

En ese contexto, solicitó más dinero, pues acotó que, “por la magnitud del caso, se deberá contar con mayores recursos a fin de afrontar una investigación de esa envergadura”.