Preinforme del chuponeo hace agua por todos lados

El borrador del informe final de la comisión del Congreso, que investiga una presunta red de espionaje telefónico que afectaba a varios legisladores, autoridades y hasta instituciones del Estado, quedó en stand-by.

Como se recuerda, esta comisión se formó a mediados del año pasado a raíz del escándalo que significó el chuponeo telefónico de la empresa Business Track, en la que estuvieron involucrados políticos como el ex ministro aprista Rómulo León Alegría.

A menos de 48 horas de vencer el plazo de investigación otorgado al grupo de trabajo presidido por Oswaldo Luizar, esta comisión sesionó ayer en forma reservada, pero debido a gruesas inexactitudes, ganó consenso el pedido para que el borrador del informe sea modificado pues no alcanzó los votos necesarios para su aprobación.

Así, sólo Luizar votó a favor del documento, mientras que el aprista José Vargas lo hizo en contra y los legisladores Rolando Sousa, Cayo Galindo y Walter Menchola se abstuvieron.

El borrador original del documento, no obstante, ratificó que el directivo de la empresa chuponeadora Business Track (BTR), Elías Ponce Feijóo, tuvo estrechos vínculos con los legisladores apristas Mercedes Cabanillas y Luis Giampietri.

Por ello, sugirió levantarles la inmunidad parlamentaria a ambos y enviar todo lo actuado a las comisiones de Acusaciones Constitucionales y de Ética con el objetivo de que inicie una investigación. Una de las razones de esa conclusión es que existen 124 comunicaciones telefónicas entre Cabanillas y Ponce Feijóo y otras 152 entre Giampietri y el mandamás de BTR.

El documento original advierte que Cabanillas tiene "responsabilidad política", pues en su gestión como presidenta del Congreso se autorizó el ingreso a las oficinas del Legislativo no sólo de Ponce Feijóo sino de los agentes dedicados al espionaje telefónico: Martín Fernández y Manuel Obregón Aranga.

La investigación concluye que estos concretaron el presunto delito de interceptación telefónica contra el Congreso el 26 de agosto del año 2006. También confirma que Ponce Feijóo ingreso al Parlamento en agosto, setiembre y octubre de ese mismo año, así como también en enero, febrero, mayo y diciembre del 2007.

"Va a ver modificaciones en el informe, pero en varios aspectos en los que hay hechos tangibles se mantendrá el tenor", dijo a Correo el presidente de la comisión, Oswaldo Luizar, al ser consultado por los casos de Cabanillas y Giampietri.

LIMPIAN A CARRASCO. El traspié que más encendió la hoguera en la comisión fue la inclusión del legislador aprista José Carrasco Távara, a quien se le atribuía responsabilidad administrativa por ser un supuesto proveedor de la empresa Petro-Tech Peruana S.A. -que a su vez fue cliente de BTR- a pesar de su función de congresista.

El documento elaborado por el asesor Michelle Martínez sugería incluso que se le levante la inmunidad a Carrasco y se le acuse constitucionalmente por sus vínculos con la concesionaria que explota pozos petroleros en la costa norte del país.

Sin embargo, Carrasco acudió ayer al grupo de trabajo y -documentos en mano- demostró que sólo gestionó una obra de bien social, pues consiguió un aporte de juguetes a niños en el norte.

"Esta comisión actúa con ligereza y ese señor Michel Martínez y la comisión me ofrecieron disculpas ayer en la sesión reservada", reveló muy ofuscado.

Estos hechos llevaron a legisladores como Rolando Sousa y Walter Menchola a expresar sus dudas sobre el documento y por ello solicitaron su inmediata revisión.

MTC Y OSIPTEL EN LA MIRA. El preinforme de la comisión "Luizar" también considera que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Organismo Supervisor de las Telecomunicaciones (OSIPTEL) tienen "responsabilidad política y administrativa", pues no garantizaron la reserva en las comunicaciones de los usuarios.

"La existencia de permanentes interceptaciones telefónicas no autorizadas ponen en evidencia que la red es vulnerable, siendo responsables (el MTC y el Osiptel) de garantizar la reserva de las comunicaciones". También concluye que el ex ministro de Vivienda, Francis Allison, "estaría involucrado" en operaciones de lavado de activos a través de BTR, por lo cual la 58 Fiscalía Penal de Lima lo investiga.