El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, empezará a responder ante el pleno del Congreso una relación de 22 preguntas, como parte del proceso de interpelación en su contra, a partir de las nueve de la mañana de hoy.

El tema central del pliego interpelatorio es sobre las políticas del gobierno de Ollanta Humala para contrarrestar la inseguridad ciudadana, la cual se ha incrementado de manera notoria en los últimos años.

Al respecto, las cifras de los indicadores que permiten medir -en parte- la situación actual de la seguridad ciudadana en el país son alarmantes.

En los últimos dos años, la cantidad de denuncias de las víctimas por diferentes delitos alcanzaron los niveles más altos: el 2011 se registraron 205,200 en total, mientras que en el 2012, 255,027, según reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Es decir, gran parte de esta subida del número de delitos denunciados ocurrió en el presente régimen presidencial de Humala (ver infografía).

Durante el segundo gobierno de Alan García (2006 - 2011), aquellas cifras oscilaron entre 144,205 y 181,866.

Para esas cifras globales, el INEI consideró las denuncias presentadas por las víctimas ante la Policía Nacional (PNP) y el Ministerio Público por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; contra el patrimonio; contra la libertad; contra la seguridad pública; contra la familia y otros delitos.

Cabe anotar que a pesar de ser elaborados por el mismo INEI, estos números contradicen determinados indicadores de esta institución que fueron difundidos en sus boletines mensuales sobre seguridad ciudadana a través de su página web oficial, de acuerdo con las fuentes.

Un caso evidente es que a pesar de que las cifras expuestas demuestran un incremento de denuncias, en la última edición del referido boletín se señala que el porcentaje de la población "víctima de algún hecho delictivo" se redujo de 45.2% a 38.9%, en comparación con el anterior semestre.

Pésima señal. Para el general PNP (r) Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la institución policial, las estadísticas que tiene el Gobierno no reflejan la real dimensión de la inseguridad ciudadana en el país.

"La población se está acostumbrando a vivir con la delincuencia y no denuncian los delitos que se cometen", dijo Pérez Rocha a Correo.

El exmando policial agregó que esta situación puede crear una falsa percepción de seguridad, al distorsionarse los índices de victimización.

Y consideró prioritaria la reactivación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el cual depende del presidente Humala y está presidido por el ministro del Interior, que en la actualidad es Wilfredo Pedraza.

Entre tanto, el especialista César Ortiz Anderson, director de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), manifestó que los principales problemas para combatir la delincuencia es, entre otros factores, la falta de recursos en la Policía y la corrupción judicial.

"Se requiere una reforma profunda en institución policial, cuyo personal no cuenta con el equipamiento necesario. Y también en el Poder Judicial y la Fiscalía, donde la justicia se compra", aseveró Ortiz.

Añadió que además se debe tratar el tema de manera integral, pues la causa del aumento de la delincuencia puede encontrarse en el incremento de familias disfuncionales, de más drogas y armas en las calles, así como de redes mafiosas e impunidad.

César Ortiz tampoco confía en las estadísticas del INEI respecto a la seguridad ciudadana.

"Se tiene que crear un observatorio de la criminalidad con información de diferentes entidades, incluyendo el serenazgo de cada municipalidad", indicó.

Ante el pleno. La interpelación al premier Juan Jiménez fue aprobada hace 15 días por el Congreso.

La moción respectiva se presentó a principios de marzo pasado, luego del asesinato del reportero gráfico Luis Choy en la puerta de su casa de Pueblo Libre, y del escandaloso asalto en la Notaría Paino en Surquillo, cerca a dos dependencias policiales.

El pedido se aprobó con 34 votos a favor, 30 en contra y cero abstenciones.

El jefe de gabinete absolverá un pliego de 22 preguntas que le planteó la oposición; entre ellas, para que diga cuáles y cuántas son las acciones de coordinación que por ley le corresponde y que ha llevado a cabo este Gobierno y su despacho en materia de políticas públicas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad.

Para enfocarse a la interpelación, Jiménez postergó para la próxima semana su exposición de la política y las metas del Plan nacional de medidas administrativas, normativas y de cualquier otra índole para garantizar los derechos enunciados en la Convención de Derechos del Niño.