Presidente del Poder Judicial: "La reforma de la justicia requiere ver competencias del TC"

Víctor Prado Saldarriaga, presidente del Poder Judicial, es un académico de palabra calma a quien le ha tocado el papel de un general en tiempos de guerra. Desde el pasado 25 de julio, día en que asumió el manejo de una institución que intenta recuperar la confianza del ciudadano, su actividad no ha dejado de ser vertiginosa. Esta semana presentará seis proyectos de ley al Congreso, y tiene previsto, para mediados de setiembre, un pleno casatorio de la Corte Suprema que busca anular los efectos vinculantes de las decisiones de César Hinostroza para casos de agresiones sexuales a menores.

Si no se hubiesen propalado los audios, ¿el Poder Judicial no estaría en crisis moral, como afirma el señor Hinostroza?

En el Poder Judicial no hemos tenido defensa para evitar que algunos jueces se vean comprometidos con el interés de organizaciones criminales. Y eso es lo que los audios nos han permitido conocer. No solo es un tema moral, es un tema de seguridad nacional. Esta experiencia, por dura que sea, por grave que signifique para nuestro prestigio y la confianza ciudadana, ha ocurrido en un momento oportuno. Lo que hoy nos toca es superar esa falta de control. Hay esa penetración (de organizaciones criminales), no lo podemos negar. Lo que toca ahora es hacer el trabajo interno para evitar en el futuro esa debilidad de hoy y ubicar a aquellos que vendieron su función, expectorarlos del sistema.

Su despacho va a presentar seis proyectos de ley esta semana al Congreso. ¿Puede explicarlos?

Los principales. Hay una comisión que evalúa la transparencia en el sistema de elección de autoridades judiciales. Nosotros planteamos que el presidente del Poder Judicial sea elegido por todos los jueces titulares del Perú. Luego, todos los jueces titulares eligen a su presidente de Corte. Actualmente, al presidente del PJ lo elige solo la Corte Suprema, y a los presidentes de Corte los eligen los jueces superiores titulares. El otro proyecto es para cambiar la estructura, el perfil y los procedimientos del CNM; involucra cambios normativos en la Constitución. Un tercer proyecto tiene que ver con el control interno. Nosotros sugerimos que la Academia de la Magistratura se fortalezca también con la presencia, a exclusividad, de jueces contralores o inspectores judiciales. Es decir, un magistrado elegido con todos los requisitos de un juez de carrera, pero que se dedicará a velar por la integridad de los magistrados y su comportamiento ético.

¿El proyecto del PJ, referente a la reforma del CNM, es similar al del Ejecutivo? 

Nuestro proyecto tiene una diferencia significativa con el anunciado por el Ejecutivo. Nosotros creemos que, paralelamente, se debe dar mucho impulso a la Academia de la Magistratura para que sea esta la que, formando jueces, permita candidatos mejor preparados en lo técnico y con valores muy claros de la función judicial. De ahí tendremos, espero yo, mejores jueces y fiscales.

¿El actual esquema del control interno de la judicatura es eficaz contra la corrupción?

Generalmente no actúa de oficio, mayormente actúa con una denuncia. Luego hay varias instancias. Un procedimiento puede superar los dos años; y puede llegar, inclusive, a la Corte Suprema. Por eso consideramos que esa rutina ya no es apropiada para los tiempos actuales. Tiene que ser modificada, adecuada a la oportunidad de sancionar. De lo contrario, no funcionará un control adecuado.

¿Es razonable un referéndum para las reformas o deben hacerse en dos legislaturas? 

En cuanto al CNM, hay bastante consenso en la necesidad de esa reforma. Eso muy bien puede hacerse en un tiempo prudencial, podría darse sin mayor dificultad un referéndum en la forma mixta; esto es, que se apruebe un proyecto de ley del Congreso y luego sea objeto de referéndum. El referéndum es factible en cuanto al CNM. Creo que el Congreso es consciente de la urgencia de tener un CNM. Así que creo que habrá un compás de trabajar con celeridad para ello.

¿Y las reformas políticas?

Entiendo que los otros (temas), quizá por su magnitud, van a resultar, tal vez, en un mayor debate. Pero creo que en el tema del CNM la posibilidad del referéndum es más viable porque hay más consenso.

¿Ve celeridad en el Congreso? 

He tenido oportunidad de conversar con el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y con la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución. Me han manifestado el mutuo interés del Congreso y el Poder Judicial de impulsar las reformas conectadas con el CNM. Pero si bien hay ese interés común, creo que cuando menos en lo que atañe al CNM hoy estamos todos paralizados. De ahí que yo reclamo darle prioridad a la reforma del CNM. Eso sí es una prioridad.

Vizcarra asegura que no hay nada más irresponsable que mantener el actual sistema de administración de justicia en el Perú. 

Así es. De ahí que yo comparto esa percepción. La reforma del sistema de justicia es prioritaria.

¿Considera necesario reestructurar el Tribunal Constitucional en el marco de la reforma del sistema de administración de justicia?

El TC, en las democracias modernas, tiene un rol importante. A nosotros nos parece que la reestructuración del sistema de justicia requiere también definir con mayor claridad las competencias de la Corte Suprema y las competencias del TC, a fin de que no haya este conjunto de interferencias o malos manejos en las normas y facultades del Tribunal Constitucional. Yo confío en que es necesario buscar ese equilibrio y ese respeto interinstitucional. Vamos a ver.

Usted postuló dos veces a la presidencia del PJ. Ahora es el “salvavidas” de la institución, elegido en una coyuntura de crisis moral. 

La crisis y, sobre todo, el efecto que proyectó en todos los magistrados es una sensación de sorpresa, de fracaso, de vergüenza. Pero también un espíritu y una necesidad de salir al frente y de demostrar al país que hay buenos jueces, que hay personas que sienten el significado de su función, de los deberes, y la necesidad de dar al país un mensaje de cambio partiendo desde una autocrítica.

¿Los jueces provisionales y supernumerarios son un problema para la judicatura? 

Es una de las alertas. En el caso de los provisionales y supernumerarios, la capacidad delegada a los presidentes de Cortes para poder incluirlos en el ejercicio de la administración de justicia, o de ascenderlos, ha generado situaciones anormales, situaciones graves de influencia o de pérdida de independencia. En el Callao, sobre todo. Allí, un número importante de jueces supernumerarios eran colocados sin mayor evaluación técnica y, a la postre, se convertían en magistrados que recibían intereses de terceros o estaban muy atentos a los requerimientos de su presidente que, como ya sabemos, ha tenido un destino bastante grave en esta experiencia negativa.

¿Cuántos jueces provisionales y supernumerarios estima tendrán que irse?

Números no le puedo dar en este momento, pero sí porcentajes. En la Corte Suprema, la provisionalidad es de alrededor de un 70%. Es una cifra alta. No tenemos en la Corte Suprema supernumerarios. Pero si tomamos la experiencia de otras cortes, los supernumerarios pueden representar alrededor de un 40%. Es un número significativo de personas, sobre las cuales no hemos tenido mayor control. Es lo que queremos revisar.

¿En la Corte del Callao existía una evaluación rigurosa de jueces supernumerarios?

No había una evaluación rigurosa. Al final, se convirtió solo en la entrega de un currículum o una llamada telefónica. Nada nos aseguraba experiencia, calidad técnica, integridad moral, ausencia de conflicto de intereses. Es decir, eran desconocidos captados para el sistema.

¿Qué se busca con la declaratoria de emergencia del Consejo Ejecutivo del PJ? 

Uno de los objetivos es la reforma normativa. Uno de los temas más graves es que no se establecen sanciones para los magistrados que infrinjan sus deberes, de tal manera que nada se puede hacer si se dan situaciones graves en su interior. Eso es lo que me llevó a solicitar la emergencia. Me la concedieron.

La Sala Plena de la Corte Suprema carece de facultades para sancionar a magistrados como el juez Hinostroza. ¿Esto va a ser corregido?

Los magistrados que han desarrollado conducta disfuncional desde la Corte Suprema son inamovibles, en principio. Su posición solo puede ser evaluada por el CNM, que ahora no existe. La Sala Plena, que es el organismo máximo del PJ, no puede entonces disponer el retiro, la suspensión de un juez de la Corte Suprema. Y algo similar ocurre con los señores del Consejo Ejecutivo (CEPJ). Yo estoy reclamando, y creo que en eso hay consenso entre mis colegas, que la Sala Plena adquiera facultades de emergencia que le permitan separar a aquellos magistrados que han cometido infracciones.

¿Se siente decepcionado con la actitud del juez supremo César San Martín en el conocido audio?

Decepcionado no. Él tuvo la gentileza de venir a mi despacho la tarde que conoció el audio y me comentó las circunstancias. Yo, en aquella ocasión, le dije que tiene que hacer frente y explicar a la comunidad nacional qué fue lo que motivó su intervención, y él lo hizo. Además, aceptó que había incurrido en una infracción y él mismo pidió que la Sala Plena indicara su pase al Comité de Ética. Así que decepción no. Como a muchos, sorprendió que se haya dado ese suceso. Pero, de hecho, yo entendí sus razones. Frente a otros audios, es muy diferente.

¿Las sentencias de Hinostroza sobre violación de menores constituyen jurisprudencia, son vinculantes para todos los casos futuros?

Han habido sentencias vinculantes relacionadas con delitos de violación de menores, donde se aplicaron penas leves. ¿Qué es lo que hace la Corte Suprema en ese caso? Convoca a un pleno jurisdiccional, donde se someten a debate. Y ahí se decide que esas sentencias, que desde mi perspectiva van contra la ley, queden eliminadas en su efecto vinculante. Esto se hace en un pleno casatorio. Esto lo haremos en la tercera o cuarta semana de setiembre. Es público. Cuando hay delitos graves contra menores, no pueden tener sentencias de seis años, cuando la ley dice que lo mínimo es 30, y ahora, con la nueva reforma, cadena perpetua. Eso es lo que vamos anular.

¿Ve en la cárcel a Hinostroza?

No puedo pronunciarme sobre ello por mi condición de juez supremo. Lo que sí le puedo decir es que al señor Hinostroza el Ministerio Público le ha formulado cargos por delitos penales.

¿Es usted antifujimorista?

No. Yo veo a todos los partidos políticos como expresión de la ciudadanía organizada que tiene distintos proyectos de desarrollo para el país. El que uno simpatice con uno u otro, el que sienta que una de esas propuestas políticas resumen mejor la visión de futuro de una nación, ya es algo propio de la libertad de las personas. ¿Pero yo antifujimorista? No. Anticorrupción, eso sí. Póngalo directamente.

¿Existen razones médicas en el indulto a Alberto Fujimori?

Es lo que se está evaluando. Hay un procedimiento que ha surgido como consecuencia de una sentencia de control de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que manda que la Corte Suprema haga un juicio de convencionalidad. Es decir, que evalúe si este indulto humanitario cumple los rigores de excepción que manda. Entonces, será la Corte Suprema la que en breve emitirá un pronunciamiento.

¿Están los jueces del PJ preparados para el caso “Lava Jato”?

El proceso de Odebrecht en este momento se encuentra en la etapa de las indagaciones de la Fiscalía. El Poder Judicial intervendrá activamente en la siguiente etapa. Pero yo le aseguro que estamos fortaleciendo a nuestros jueces para que estén en aptitud técnica para procesar este caso de alta complejidad.

¿El fiscal Chávarry puede llegar a ser un buen fiscal de la Nación?

Bueno, yo creo que el señor Chávarry está, al igual que el Ministerio Público, atravesando por una coyuntura crítica. No es un buen momento para el MP, pese a la necesidad urgente de que esta institución esté fortalecida para que pueda hacer frente a todas estas investigaciones. Así que yo creo que lo que acontezca en el futuro inmediato dependerá exclusivamente del señor Chávarry. Nosotros deseamos que el MP, como institución, esté rápidamente consolidada y que supere la coyuntura de controversia que actualmente tiene.

¿Quién debe investigar a fiscales y jueces implicados?

Corresponde, por su condición, que jueces y fiscales se sometan primero a las comisiones del Congreso si se formula acusación constitucional.