La Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque solicitó la nulidad del fallo que favoreció a Darío Acuña Peralta (hermano del presidente regional), por haber sido sentenciado a 208 días de trabajo comunitario a pesar de haber incurrido en delito de corrupción.
Para el procurador, Carlos Lazo Gutiérrez, el hermano del mandatario regional también debió ser condenado a 6 años de cárcel al igual que el ex alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Javier Castro Cruz, debido a que se coludieron para defraudar al Estado. "Sin la participación del cómplice primario (Acuña) no se hubiera realizado dicho delito; por ende la pena debe ser igual a la del autor (Castro), así está establecido en el artículo 26 del Código Penal", manifestó.
PENA. El abogado del Estado sostuvo que en delitos contra la administración pública ya existe jurisprudencia con penas de cárcel efectiva, por lo que cuestionó que Acuña Peralta haya recibido una pena benigna. "Sobre todo cuál es el mensaje que se brinda a la sociedad y a los empresarios que con este mal precedente podrían abusar de ello para coludirse clandestinamente con los funcionarios y delinquir porque a ellos no se le impondría pena privativa de libertad", sostuvo Lazo en su escrito presentado ante la Sala Liquidadora Permanente que juzgó a Castro Cruz.
En síntesis, el procurador solicitó que se confirme la condena a Javier Castro y se revoque e incremente a 6 años de cárcel la pena para los cuatro personajes que fueron condenados solamente a prestación de servicio comunitario: Darío Acuña Peralta, Junior Santa Cruz Acuña (representantes de las empresas constructoras que concertaron con Castro), Boris Sánchez Quispe y José Silva Sánchez (ex miembros del comité de licitación).