:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/FPTRY63CIRAYTDQUXCT4C5DW2I.jpg)
La solicitud de reembolso de S/524 millones que realizó la empresa Odebrecht al Ministerio de Justicia (Minjus) por la venta de la central hidroeléctrica Chaglla el pasado 1 de julio ha desencadenado una serie de enfrentamientos entre los poderes del Estado, así como posturas divididas desde instituciones que siguen las investigaciones del caso “Lava Jato”. El próximo desencuentro será entre la Fiscalía y la Procuraduría Ad Hoc.
Ello debido a que el Ministerio Público remitió un informe a la Unidad Funcional del Minjus que da carta libre para la devolución del dinero, porque sostienen que la empresa no tiene procesos penales. Sin embargo, la Procuraduría alista otro informe que señala que sí existen investigaciones pendientes de la constructora brasileña.
Informe
El Minjus solicitó a la Procuraduría informar sobre las investigaciones que tiene Odebrecht y ellos ya se encuentran elaborando la respuesta. Fuentes de Correo confirmaron que la próxima semana emitirán un reporte informativo sobre su participación en las investigaciones que se tienen a nivel nacional relacionadas con la empresa Odebrecht.En ese sentido, no emitirán una opinión, sino un informe con las investigaciones.“Lo que van a hacer es cumplir con el pedido que se les está formulando, cumplir con la sentencia en sus términos”, refiere la fuente. Además, advierten que se informará sobre las investigaciones preparatorias existentes, así como las preliminares.
Una de estas es el caso de la obra “Rehabilitación y mejoramiento de la carretera de empalme Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sista”, ubicada en Tarapoto. Esta se licitó cuando el actual congresista César Villanueva (APP) era gobernador regional de San Martín. Añaden que también se informará sobre otras investigaciones preliminares que están en varias fiscalías.
Contraposición
La respuesta que enviará la Procuraduría al Minjus dista mucho del informe enviado por el fiscal Rafael Vela Barba, el 26 de julio, el cual precisa que Odebrecht no tiene ningún proceso pendiente. Aunque la Procuraduría no está incómoda con el coordinador del Equipo “Lava Jato”, no interpretarán la sentencia e informarán sobre todos los casos.Cabe recordar que en la página 225 del acuerdo firmado con la constructora, se detalla en el numeral 92 sobre cómo garantizar el pago de la reparación civil. En el mismo documento, se indica que el Ministerio Público deberá informar al Minjus que no existan otras investigaciones que involucren a la empresa.
“Por ende, surge la necesidad de garantizar reparaciones civiles por casos no contemplados en el presente acuerdo y que no hayan sido aceptados por la empresa dentro de un marco de colaboración eficaz”, refiere el documento. Pese a que el fiscal Vela en su informe señala que no existen investigaciones, recientemente se difundió una entrevista a Omar Tello, coordinador nacional de las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios.
La conversación se habría realizado antes que el Equipo Especial entregara al Ejecutivo su informe sobre Odebrecht.“Hay cerca de 13 obras a nivel nacional, cada una con un proceso penal. No han sido incluidas o tomadas en cuenta por el Equipo Especial que investiga el caso ‘Lava Jato’”, señaló Tello en el diario Gestión.
Al respecto, el fiscal Vela aclaró a Correo que las investigaciones que menciona Tello se encuentran en “etapa preliminar”.Al ser consultado sobre el requisito para que una investigación a la constructora sea incluida en su informe, respondió brevemente que “sean investigaciones preparatorias”.No obstante, fuentes de este diario aseguraron que la Procuraduría se basará en lo señalado en el acuerdo.“Lo que dice la sentencia es que el Ministerio Público debe pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en general. Habla de todo, de todas las investigaciones”, refieren.
Distanciamiento
El escenario ahora es que el Minjus espera el informe de la Procuraduría, aunque ya tiene el del Equipo Especial “Lava Jato”. Al respecto, aunque el titular de Justicia, Vicente Zeballos, ha preferido no adelantar opinión sobre la decisión que tomará la Unidad Funcional, sí lo hizo el presidente Martín Vizcarra, quien sostuvo que “si en un corto tiempo se tiene que cobrar alguna multa a Odebrecht, no se tendrá el recurso”.El jefe de Estado remarcó su posición y aseguró que el daño efectuado por la empresa al Perú no solo fue moral y ético, sino también económico. “Deberíamos tener un fondo que garantice el cumplimiento de pagos a futuro”, sostuvo.
Tras sus declaraciones, la empresa le respondió a través de un comunicado y señaló que vienen participando en el proceso de acuerdo de colaboración con la justicia peruana desde hace casi tres años “de forma continua e irrestricta, posibilitando el alcance de resultados evidentes y de amplia magnitud al trabajo de persecución penal liderado por las autoridades responsables”, según el escrito.
En la misma línea, dice recibir con inquietud las expresiones del Mandatario; “sin embargo, sigue creyendo fuertemente en el respeto manifestado por el propio Gobierno a la separación de poderes y en la importancia de mantener el acuerdo como un relevante instrumento para impulsar la lucha anticorrupción, que es de interés conjunto de todos”.
Palabra final
La jueza del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, María de los Ángeles Álvarez Camacho, será la encargada de definir si le corresponde o no el pago de S/524 millones a Odebrecht. El informe de la Procuraduría será clave para esta decisión, pero también lo será la postura de la Unidad Funcional sobre el tema.Si la Procuraduría Ad Hoc presenta una lista de investigaciones pendientes, como lo hará; en ese caso, la magistrada Álvarez podrá revisar los casos y emitir un pronunciamiento. Así se conocerá si el informe remitido por Rafael Vela se ajusta o no a los términos del acuerdo de colaboración y a los beneficios otorgados.
Sin embargo, si la Unidad Funcional del Minjus se pronuncia en contra del informe del Equipo Especial y argumenta que no corresponde el pago de S/524 millones, entonces la defensa legal de la empresa puede solicitar a la jueza un pronunciamiento final. En estos casos, es la jueza la que define finalmente sobre el pago del fideicomiso.
