Procuraduría estima que Alejandro Toledo debe pagar más de S/200 millones

La procuraduría ad hoc encargada de revisar el caso “Lava Jato” planteará a la Fiscalía solicitar una reparación civil de más de 200 millones de soles por los delitos en los que habría incurrido el expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir coimas para favorecer a la empresa brasileña Odebrecht con las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

Así lo informó la procuradora Katherine Ampuero, abocada a dirigir de manera exclusiva este caso, vinculado a delitos de corrupción de funcionarios en los que habría incurrido la empresa brasileña y catalogado como complejo por el Poder Judicial y el Ministerio Público.

“Estamos solicitando más de 200 millones de soles como reparación civil. Es un monto provisorio porque obviamente el tema de las pericias va a venir durante la investigación preparatoria. Definitivamente este monto va a cambiar; no va a bajar, el monto va a subir”, aseguró la defensora de los intereses del Estado.

Los más de 200 millones de soles planteados por la procuraduría ad hoc encuentran su explicación en el “daño global” que el líder de Perú Posible (PP) le causó al país al abrirle la puerta a los diferentes consorcios brasileños que hicieron negocios con el Estado.

Cabe recordar que Ampuero, cuando fue presentada el 6 de febrero por la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), Julia Príncipe, expresó que no iba a negociar el monto por concepto de reparación civil con la empresa Odebrecht.

¿PERSECUCIÓN? De otro lado, la procuradora ad hoc del caso “Lava Jato” se refirió a las declaraciones formuladas por el exjefe de Estado, quien ha señalado desde algún lugar de Estados Unidos que es víctima de una “persecución política”.

“Acá el tema es netamente técnico, y eso hay que cuidarlo durante el proceso de extradición, porque obviamente va a alegar que se trata de un tema político, y por supuesto que no lo es, porque hay suficiencia probatoria que demuestra que se han cometido actos ilícitos”, señaló.

Durante su presentación del lunes último, en el marco de la sesión de emergencia de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, afirmó que la búsqueda a nivel internacional de Toledo configura una “persecución penal”, mas no política.

DELIVERY. De otro lado, la Cancillería confirmó a Correo que la Embajada del Perú en Estados Unidos entregará hoy el complemento del expediente que solicitó la justicia de dicho país a fin de procesar el pedido de detención contra el expresidente Toledo.

La tarde de ayer, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores partió a Estados Unidos llevando dicho documento con la finalidad de que sea analizado y entregado a un juez federal de ese país y se ordene el arresto de Toledo con fines de extradición.

“(Para que) sea recibido, sea legalizado por las autoridades norteamericanas y esta tarde (la de ayer) está saliendo el funcionario de Cancillería con los documentos originales rumbo a la Embajada de Perú en Estados Unidos”, comentó el ministro José Manuel Boza, jefe del despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La información (piezas procesales y documentos de los presuntos ilícitos penales), que estará hoy en manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, siguió varios canales administrativos.

Fue la Unidad de Cooperación de la Fiscalía de la Nación, a cargo del fiscal Alonso Peña Cabrera, la que remitió la documentación que a su turno le envió el juez de investigación preparatoria Richard Concepción, quien ordenó la prisión preventiva de Toledo por 18 meses.

PROCESO. De acuerdo con Boza, el cuadernillo con la información necesaria para tramitar el pedido de arresto provisorio con fines de extradición debe ser entregado hoy a las autoridades judiciales estadounidenses.

Para ello, Elmer López Chirinos, jefe de Cooperación Judicial, de la Oficina General de Asuntos Legales de la Cancillería, es el funcionario a cargo de tramitar la solicitud ante la Secretaría de Estado de Estados Unidos. El titular de esta institución deberá remitirlo al Ministerio de Justicia de ese país, donde el fiscal de la Nación evaluará el pedido en un plazo que considere necesario, para finalmente ser enviado al despacho del juez del distrito correspondiente en el que se pretende actuar legalmente.

“Si considera que todo está bien en cuanto a requisitos y formatos, entonces se presentará, en nombre del país solicitante, en este caso el Perú, al juez del distrito correspondiente, para que emita una orden de arresto provisorio con fines de extradición”, explicó el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, indicó que este trámite también puede ser rechazado en caso no se hayan contemplado los requisitos necesarios para la evaluación técnica o no se muestre de manera clara los motivos para llevar a cabo el arresto provisorio contra Alejandro Toledo. Por ello, sostuvo, no es posible contemplar plazos promedio que permitan determinar la toma de decisión por parte de las autoridades de Estados Unidos.

“Más que rigurosidad, el problema es que los temas judiciales no necesariamente tienen los mismos procedimientos y requisitos. Puede ser que no sea una cuestión de fondo, pero para los abogados de uno u otro país los temas procesales tienen una importancia mayor, porque quieren evitar que haya algún indicio, falla o falencia en términos procesales que luego puedan llevar a complicaciones”, manifestó.

Boza recalcó que en la carpeta que se entregará hoy a la Secretaría de Estado de Estados Unidos, el Ministerio Público ha ampliado las razones y los indicios que aparecen en el expediente de la investigación al exmandatario, acusado de recibir 20 millones de dólares de Odebrecht para beneficiar a esta empresa brasileña con las licitaciones de los tramos II y III de la carretera Interoceánica.

“Ahora a ellos les corresponde evaluar la información provista y ver si esta satisface en lo mínimo a la ley americana para darle curso al pedido”, afirmó.

De esta manera, la solicitud será analizada por miembros el Poder Ejecutivo de Estados Unidos en primera instancia, mientras que, en un segundo momento, será decisión del juez a cargo dictar la orden de captura a la policía local. No obstante, precisó que cada caso de extradición contempla diferentes variables, por lo que el tiempo entre la entrega de los documentos y el momento en que la orden de arresto entre en ejecución no se puede establecer.

“Presentarlo es casi un acto mecánico. (...) El juez puede tomarse un día o más, dependiendo de lo complicado que vea el caso. Hay dos variables. No hay plazos definidos, pues solo se dice que hay 60 días para presentar el cuadernillo, pero no en cuanto a lo referido a la misma solicitud de extradición”, precisó.