Andrea Pereyra

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó, con 17 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, devolver al Pleno la propuesta de ley que establece limitaciones a la participación en elecciones de aquellos que hayan sido sentenciados por delitos graves.

La reforma, que busca asegurar la idoneidad en la función pública, establece que estas personas no podrán postular a cargos públicos ni ejercer funciones en el Estado hasta 10 años después de cumplir su condena.

La propuesta, que recoge más de 20 proyectos multipartidarios, fue inicialmente presentada a mediados de este año con un amplio listado de delitos, incluyendo violación de la libertad sexual, colusión, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas y secuestro. Sin embargo, al ser debatida en el Pleno, la ley fue devuelta a la comisión para una revisión más profunda.

Durante el proceso de discusión, varios delitos fueron eliminados de la lista, como la violación sexual y la corrupción, debido a que los congresistas consideraron inapropiado incluir un catálogo detallado de crímenes en la Constitución.

Finalmente, la propuesta se limitó a aquellos sentenciados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, atentados contra la seguridad nacional, traición a la patria y delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional.

La reforma busca evitar que quienes hayan atentado contra el sistema democrático y constitucional del país puedan postular a cargos de elección popular o ejercer funciones públicas, con una restricción que podría extenderse por hasta una década luego de cumplida su pena.

La versión final del texto, según la congresista Martha Moyano, fue ajustada para evitar controversias legales y hacerla más clara y aplicable en el futuro.

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