(Foto GEC Archivo)
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El congresista de la bancada de , presentó un de reforma constitucional que plantea que las universidades privadas sin fines de lucro paguen impuestos y, de esa manera, busca modificar el artículo 19° de la

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“Las y culturales privadas sin fines de lucro también gozan de inafectación de impuestos directos e indirectos que afecten los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural, a excepción de aquellos ingresos que por ley sean calificados como excedentes, las que estarán sujetas a la aplicación del impuesto a la renta. Todas las privadas con fines de lucro, están obligadas a pagar todos los impuestos correspondientes conforme a su naturaleza”, se agrega a dicho artículo de la Carta Magna, propuesta que será evaluada por la Comisión de Constitución.

Asimismo, se indica que las donaciones y becas con fines educativos para las instituciones educativas públicas y privadas “gozarán de exoneración y beneficios tributarios” en la forma y dentro de los límites que fije la ley. “La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan las instituciones educativas públicas y privadas, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios”, se detalla.

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“Las han llegado casi a duplicar el número de las estatales, lo que nos lleva a evaluar las causas de esta asimetría, así como a verificar si estas instituciones educativas cumplen la finalidad prevista por la constitución y si lo hacen respetando el ordenamiento jurídico por el cual se les inafecta del pago de todo tipo de impuestos”, se acota.

En esa línea se precisa que el exceso de beneficios y blanda regulación por parte del Estado, “han sido el caldo de cultivo” para la problemática generada por el surgimiento de universidades de¡ régimen privado que han producido perjuicios a miles de estudiantes y padres de familia cuando sus licenciamientos fueron denegados por la Sunedu.

“La presente iniciativa legislativa, no supondrá gastos al erario nacional, por el contrario, permitirá mayores ingresos al fisco, beneficiando a la calidad de los servicios que brinda el estado peruano, en especial al servicio de educación, promoviendo así una mayor competitividad de las instituciones educativas nacionales”, se indica en el análisis de costo-beneficio.

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