El texto final del acuerdo judicial de Odebrecht con el Estado peruano - 600 tomos con más de 148 mil páginas - fue entregado al Poder Judicial para el correspondiente control de legalidad. Representantes del Equipo Especial del caso “Lava Jato” pusieron este material en manos de la jueza María Álvarez Camacho, titular del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Foto: Miguel Yovera
El fiscal adjunto del Equipo Especial del caso Lava Jato, Henry Amenábar, fue quien entregó la documentación a la sede del Poder Judicial.
Foto: Miguel Yovera
A su salida, Amenábar consideró que los jueces se tomarán un plazo razonable para verificar el contenido del acuerdo debido a la gran cantidad de documentación presentada.
En ese sentido, aseguró que está en manos del Poder Judicial darle la celeridad que sea posible. "Si existe alguna observación de la jueza, la Fiscalía tendrá que levantar las observaciones a fin de la conformidad de las cosas", agregó.
El procedimiento de control de legalidad es un proceso de colaboración eficaz - explican fuentes judiciales - se hace en forma reservada con la participación de los abogados de los colaboradores (exejecutivos de Odebrecht), los representantes legales de la empresa brasileña, la Procuraduría Ad Hoc y los fiscales del Equipo Especial.
“¿Control de legalidad sin la declaración de Barata?”, expresó, sugiriendo la idea de que el procedimiento incluye el interrogatorio, por parte de la jueza, a los exfuncionarios de Odebrecht.
Al respecto, el exfiscal superior anticorrupción Pedro Angulo Arana comentó que el rol del Poder Judicial no incluye recoger las declaraciones de los colaboradores.
“No. Es absurdo”, declaró a Correo. “Lo que se tiene que examinar es el contenido, el material documental y testimonial, la pertinencia, la coherencia del convenio. No tiene que examinarse al testigo (...) Eso lo tiene que hacer el Ministerio Público (...) No se tiene que ir a ver a cada testigo. Eso va a suceder en el juicio oral, donde la Fiscalía y la defensa van a presentar sus argumentos”.
NO PREVÉ CAMBIOS
El legislador Víctor Andrés García Belaunde, un duro opositor al convenio, no espera que el Poder Judicial frene el acuerdo con Odebrecht. “Yo creo -dijo a este diario- que con la presión mediática del Gobierno, que es muy fuerte, de los abogados de Odebrecht, de los fiscales, no creo que el Poder Judicial pueda cambiar de parecer”.“Lo que sí puede hacer es colocar algunos candados. Por ejemplo, obligar a Odebrecht a que retire todas las denuncias contra el Perú, las presentes y futuras, las directas e indirectas”, precisó.
A su parecer, la jueza también podría conminar a Odebrecht al pago de S/450 millones “que le debe al Perú en impuestos”. “Es un pésimo acuerdo”, expresó de manera enfática, porque, en su opinión, otorga impunidad y blindaje a Odebrecht y a sus asociadas.
