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El Gobierno retiró del cargo a la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, luego que un informe de la Contraloría General de la República advirtiera que había sido designada en el puesto a pesar de que no había presentado una declaración jurada de que no tenía procesos en su contra.
La resolución suprema 188-2022-JUS publicada en el boletín de normas legales de El Peruano el 6 de octubre detalla que se da por concluida la designación de Caruajulca Quispe dándosele las gracias por los servicios prestados.
Ella había sido nombrada el 25 de febrero de este año en reemplazo de Daniel Soria Luján, retirado del puesto luego que presentara una denuncia ante la Fiscalía de la Nación pidiendo que el presidente Pedro Castillo fuera investigado por el caso Puente Tarata.
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El documento que retira a la ahora exprocuradora general precisa que, según la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el presidente de la República puede remover del cargo a titulares de organismos públicos “por causal de pérdida de confianza”, el mismo argumento esgrimido en la resolución que concluyó con la designación de Soria Luján.
En el mismo boletín de normas legales, se publica también la resolución suprema 189-2022-JUS que designa, en reemplazo de María Caruajulca, a Javier Wilfredo León Mancisidor.
Este abogado llega al cargo luego de haber sido propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según se lee en el texto.
