PJ no aceptó renuncia de abogados de Richard Rojas y tendrán que acudir a audiencia

La Tercera Sala de Apelaciones Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada rechazó la renuncia de los abogados de Richard Rojas, Jhon Kleber y Alexander Benites Tangoa, por haberla presentado a menos de 24 horas de la audiencia de apelación.

En una resolución, señaló que la renuncia al patrocinio se presentó a la 13:00 de este miércoles, es decir fuera de las 24 horas a la diligencia, programada para mañana jueves 12 al mediodía.

Según el artículo 85.4 del Código Procesal Penal, la renuncia de los abogados debe ser puesta en conocimiento del juez en el término de 24 horas antes de la realización de la diligencia.

Así, el colegiado requirió la asistencia de los letrados a la audiencia virtual, bajo apercibimiento de imponérsele una multa de 5 Unidades de Referencia Procesal (S/.2,200).

La defensa de Rojas García apeló la resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, que declaró fundado en parte, el impedimento de salida del país por 6 meses.

En el fallo se advierte que el impedimento de salida del país contra Richard Rojas se da por su presunto vínculo en la organización criminal enquistada en el partido de Perú Libre, cuyo líder Vladimir Cerrón también se encuentra bajo investigaciones fiscales.

“Atendiendo a los fundamentos fácticos, antes detallados, el plazo de la presente investigación, y, además teniendo en consideración que nos encontramos ante vinculados a una presunta organización criminal enquistada dentro del partido político Perú Libre, se desprende que resulta coherente que el impedimento de salida del país requerido se extienda por el plazo de seis meses, para el cumplimiento de los fines de los actos de investigación que solicita el Ministerio Público”, señaló el documento.

Cabe indicar que Richard Rojas, sindicado como operador del exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón, es investigado por el Ministerio Público por lavado de activos por el presunto financiamiento ilegal de la campaña electoral de Perú Libre.