Andrea Pereyra

La Procuraduría AD HOC para el caso Lava Jato solicitó al Poder Judicial que un grupo de exautoridades vinculadas al Partido Aprista Peruano paguen, en forma solidaria, la suma de 69 millones 743 mil 597.68 soles como reparación civil a favor del Estado peruano.

Esta petición surge en el marco de la investigación preparatoria que se les sigue por su implicación en el caso Odebrecht. Además, la defensa legal peruana ha demandado que estas personas también paguen, de manera solidaria, un millón 435 mil 200 dólares como indemnización al Estado.

La Procuraduría AD HOC para los casos Odebrecht y Lava Jato presentó esta propuesta inicial de reparación civil dentro de la solicitud para constituirse como “actor civil” o “parte agraviada” en la investigación seguida a estas personas por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, la cual fue aceptada el pasado 22 de mayo por el juez Richard Concepción Carhuancho.

El magistrado determinó que la solicitud de constitución como actor civil presentada por la defensa legal del Estado cumplió con los requisitos establecidos por el Código Procesal Penal, rechazando así las oposiciones formuladas por los exministros Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca, la excongresista Luciana León y Luis Antonio Gasco Bravo.

De este modo, la Procuraduría AD HOC queda habilitada para solicitar y acceder al pago de una eventual reparación civil en caso de que los investigados sean hallados responsables de los cargos imputados.

Origen de la investigación

Esta investigación preparatoria se inició tras la declaración de Jorge Simoes Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, el 28 de febrero de 2018 en Brasil. Barata reveló que la empresa brasileña entregó 200 mil dólares para financiar la campaña presidencial del líder aprista Alan García en 2006.

Este testimonio llevó a la fiscal María Salazar, del Equipo Especial de la Fiscalía para los casos Odebrecht y Lava Jato, a formalizar en 2023 una investigación preparatoria con un plazo de 36 meses, declarándola de naturaleza “compleja”.

La fiscal dispuso una serie de diligencias, incluyendo las declaraciones indagatorias de los investigados, quienes son los exministros Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Javier Velásquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, Hernán Garrido Lecca, los excongresistas Mauricio Mulder, Luciana León, César Zumaeta, y los dirigentes apristas Franklin Chávez Montenegro y Luis Antonio Gasco Bravo.

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Además, la defensa legal peruana ha demandado que estas personas también paguen, de manera solidaria, un millón 435 mil 200 dólares como indemnización al Estado.