La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso dio el primer paso en el proceso que podría desencadenar en la inhabilitación para la función pública de la titular de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) Dina Boluarte, también vicepresidenta de la República, por haber firmado documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac, a pesar de que ya ejercía como ministra.

Y es que el mencionado grupo de trabajo aprobó ayer, por la mañana, el informe de calificación que recomienda declarar procedente la denuncia contra Boluarte Zegarra porque habría incurrido en infracción al artículo 126 de la Constitución. s

SUSTENTO

En total fueron tres las denuncias constitucionales que se presentaron ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Todas tienen como antecedente y sustento el informe de fiscalización de la Contraloría, documento que detalla -de manera documentada- algunas incompatibilidades y omisiones en las declaraciones juradas de intereses presentadas por Boluarte. Precisamente, se destaca que durante el ejercicio de su cargo como titular del Midis, habría suscrito documentos de carácter público como presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac. Además, omitió informar en su participación como presidenta y vicepresidenta de ese club.

El artículo 126 de la Constitución señala: “Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto la legislativa. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

Es decir, la vicepresidenta Boluarte habría incurrido en una infracción a la Carta Magna.

Votaron a favor de la recomendación del informe Rosío Torres (APP), María Acuña (APP), Alejandro Muñante (Renovación Popular), Alejandro Cavero (Avanza País), Wilson Soto (Acción Popular) y José Jerí (Somos Perú).

También respaldaron el informe los congresistas de Fuerza Popular Ernesto Bustamante, Hernando Guerra García y Martha Moyano.

En contra del informe votaron María Taipe (Perú Libre), Paul Gutiérrez y Segundo Quiroz, ambos legisladores del Bloque Magisterial.

En abstención Alfredo Pariona (Perú Libre) y Jorge Flores Ancachi (Acción Popular). Este último es investigado por la Fiscalía por integrar el grupo denominado ´Los Niños´ mencionado por la colaboradora eficaz Karelim López. La empresaria se refirió así a los parlamentarios que le hacían caso en todo al presidente Pedro Castillo.

DEFENSA

Alberto Otárola, defensa legal de Dina Boluarte, aseguró que tomaron la decisión del Congreso con tranquilidad, pues es uno de los primeros pasos del proceso.

“Esperamos que se nos permita ejercer el derecho de defensa. Estamos evidentemente ante una inhabilitación exprés”, afirmó.

En diálogo con canal N, el abogado de la vicepresidenta dejó entrever que el informe de la Contraloría tendría un tinte político que busca distraer la denuncia constitucional contra Nelson Shack, titular de esa institución.

“Estamos ante un caso político de un grupo de congresistas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País que quieren inhabilitar a la vicepresidenta por 10 años”, sostuvo.

Además, se refirió al exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien confirmó que Boluarte Zegarra envió documentos firmados como presidenta del Club Apurímac.

“Ahora se ha convertido en un informal colaborador político cercano al fujimorismo. Él si fue vacado correctamente”, señaló como argumento para defender el cuestionado caso de su patrocinada.

PROCESO

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, el informe de calificación se presentará a la Comisión Permanente para que esta otorgue el plazo para la investigación, el cual no puede ser mayor a 15 días hábiles. El plazo antes referido se computa a partir del día siguiente de la sesión en la que el pleno de la SAC toma conocimiento de la notificación del plazo acordado por la Comisión Permanente.

En paralelo se le otorga un plazo de cinco días hábiles a la vicepresidenta Boluarte a fin de que formule sus descargos por escrito y presente u ofrezca los medios probatorios que considere necesarios.

Para el proceso de investigación, la Subcomisión podrá delegar a uno de sus integrantes como uno de los delegados para que determine los hechos materia de la indagación y evalúe las pruebas.

Posteriormente, se convocará a una audiencia para que los denunciantes y la denunciada den sus descargos.

El delegado será el encargado de elaborar un informe final que puede concluir en el archivamiento de la denuncia, así como una sanción. En el caso de esta última podría concluir en la inhabilitación de la función pública por 10 años.

El informe será remitido a la Permanente para su votación y, de ser aprobado, será elevada al pleno del Congreso como última instancia.