Tras ser aprobada, ayer, en la Subcomison de Acusaciones Constitucionales (SAC) la recomendación de inhabilitar al expremier Aníbal Torres, por 10 años del ejercicio público, le corresponde ahora a la Comisión Permanente citar al denunciado para que ejerza su derecho de defensa.
Luego de este paso, la propuesta deberá ser votada en el Pleno.
La denuncia constitucional contra el exjefe de gabinete fue formulada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular).
Luego de un corto debate en la SAC, el informe final, sustentado por la delegada Martha Moyano (Fuerza Popular), logró 13 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.
El documento recomienda acusar, vía juicio político, al ex premier de Pedro Castillo por infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política y propone que, según el Art. 100 de la Constitución “se imponga la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública”.
Durante la sustentación del informe, Martha Moyano sostuvo “existe menoscabo y afectación de los contenidos normativos de dichos preceptos constitucionales” en su condición de alto funcionario del Estado (...) como establecen la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo”.
ALTO FUNCIONARIO DEL ESTADO.
Añade además que, con sus dichos, Torres ha generado “daño a la conservación de un Estado de Derecho democrático que, como presidente del Consejo de Ministros, le correspondió defender y garantizar”.
El informe se refiere también a los actos y expresiones de Torres durante los llamados consejos de ministros descentralizados y en medios.
Cuatro votos de izquierda se opusieron a la inhabilitación.
El informe final excluyó el presunto delito de motín y conspiración para una rebelión; razón por la que el denunciante, Jorge Montoya, se abstuvo de respaldar el informe de la SAC.
La semana próxima, la SAC elevará el informe a la Comisión Permanente.
