- Culmina control de acusación contra Susana Villarán por presunta corrupción y lavado de activos
- Poder Judicial rechaza solicitud de archivo en los casos de Susana Villarán
El caso de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán pasará a juicio oral por recibir aportes ilegales de las empresas Odebrecht y OAS para, aparentemente, financiar su campaña política del “No a la revocatoria” en 2013 y su intento de reelegirse, en 2014.
Todo ello debido a que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial (PJ) concluyó el control de acusación de dicho caso en el que se le atribuye, además de organización criminal, los delitos de lavado de activos y corrupción de funcionarios.
Fue el juez Jorge Chávez Tamariz el que finalizó la etapa de control de la acusación que había formulado el fiscal José Domingo Pérez contra la exalcaldesa.
La Fiscalía espera que Villarrán sea condenada a 29 años de prisión por dichos delitos.
Se prevé que en los próximos días se emita el auto de enjuiciamiento para iniciar el juicio oral.
Implicados
Además de Villarán, exfuncionarios de confianza de la exalcaldesa, como José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado y otros también son acusados por el mismo caso.
Las penas para todos ellos van desde los 9 hasta los 25 años de prisión.
Según el Ministerio Público, Villarán habría recibido un total de 11.2 millones de dólares para financiar su campaña del “No a la revocatoria” y cubrir los gastos de su futura reelección a la Alcaldía de Lima.
Hasta el momento, el caso supera los cuatro mil medios probatorios.
Es importante indicar que el proceso refiere a 12 hechos que incluyen imputaciones contra 18 personas naturales y 12 personas jurídicas, entre ellas, Odebrecht, Lamsac, OAS y Rutas de Lima.
Antes, a fines de agosto, Villarán intentó archivar su caso tras haber presentado distintos pedidos. Sin embargo, el Poder Judicial los rechazó.
Por este caso, Villarán cumple comparecencia con restricciones y debe pasar un control biométrico mensual.
Confesión
La exalcaldesa aceptó públicamente que recibió dinero de las constructoras para solventar sus dos campañas electorales.
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