Susana Villarán y Ollanta Humala encabezan la lista de infractores a Ley de publicidad estatal

La Ley 28874, en su artículo N.° 5, prohíbe expresamente que cualquier autoridad participe en las campañas publicitarias que son del Estado.

22 de Octubre del 2014 - 13:36 » Textos: Renato Sandoval

Aprovechando la elección de Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2019, la alcaldesa Susana Villarán aparece en un video publicitario detallando la razón por la cual la capital merecía ser escogida entre varias ciudades de Latinoamérica. Sin embargo, soterradamente, sin que las autoridades competentes lo noten, la burgomaestre transgredía una ley.

No es la única autoridad en violar flagrantemente una norma. No es el más reciente pero sí el que más dio que hablar, aunque no precisamente por el abuso de la ley: tras ganar 50 mil kilómetros cuadrados de espacio marítimo mediante el fallo de La Haya, el Ejecutivo lanzó un spot publicitario basado en los recuerdos de una dama tacneña y en su satisfacción por este logro nacional. Al final del mensaje se oía la voz del presidente de la República, Ollanta Humala, a pesar de que está vedado. Una sacada de vuelta a la norma.

Suele ocurrir con más frecuencia en el interior del país, en donde los paneles de obras son la mejor muestra de cómo se cumple el viejo adagio: "Hecha le ley, hecha la trampa", pues la Ley 28874, que regula la publicidad estatal desde agosto de 2006, en el inicio del segundo gobierno de Alan García, no es cumplida.

EN VOZ DESCONFÍO. La voz de Susana Villarán hacía la locución en 'off' del comercial televisivo que duró un minuto y fue difundido en cadena nacional. Con un juego de palabras y frases escritas, la titular edil daba a conocer las bondades de los limeños y las obras municipales terminadas. Al final aparecía ella, sonriente, culminando su discurso: "Juntos podemos hacer mucho más. Feliz 2014, feliz 2019".

El "mensaje a la nación" fue difundido en varios canales de televisión a nombre de la Municipalidad de Lima, lo que implicó un gasto de varios miles de soles y, de paso, significaba una violación a la legislación peruana. La Ley 28874, en su artículo N.° 5, prohíbe expresamente que cualquier autoridad participe en las campañas publicitarias que son del Estado.

"Ningún funcionario o dependencia que realice determinada campaña publicitaria podrá aparecer en las inserciones que se paguen en medios impresos, spots televisivos y radiofónicos que se difundan", se lee en el mencionado apartado de la norma. ¿Los estrategas del Gobierno dedicados a la propaganda oficial desconocen la ley o se la zurran deliberadamente?

La ley solo se aplica para las notas de prensa, las convocatorias de concursos públicos de adquisición y la publicación de normas. Por lo tanto, ninguno de estos actos fue argumento para que la lideresa del extinto Fuerza Social utilice el dinero de los limeños. Era un simple saludo destacando sus obras.

NADIE RESPONDE. La pregunta se cae de madura: ¿Quién fiscaliza el cumplimiento de la pisoteada ley? En un principio, por tratarse del uso de recursos públicos, la Contraloría General de la República y, de encontrarse alguna falta civil o penal, en un segundo escalafón, el Ministerio Público.

"La Contraloría debe velar en este caso, a través de su sistema de control, para que se logre proteger el dinero público. Si es que corresponde a alguna responsabilidad de otra índole, que no sea simplemente administrativa, sino civil y penal, deberá ponerlo al orden del Ministerio Público", advierte el experto en gestión pública Fernando Tuesta Soldevilla.

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