Terroristas que serán excarcelados tienen pendiente pago de reparación civil

Ni una muestra de arrepentimiento. Los cabecillas senderistas Osmán Morote, Margot Liendo Gil y Victoria Trujillo Agurto, integrantes del Comité Central de Sendero Luminoso, no han abonado ni un céntimo de los 3700 millones de soles de reparación civil solidaria que la justicia les impuso en el 2006 en el marco del denominado Megaproceso.

Ese año, el tribunal -que estuvo integrado por Pablo Talavera Elguera (presidente), David Loli Bonilla y Victoria Sánchez Espinoza- condenó al cabecilla de la organización terrorista Abimael Guzmán y a otros 11 procesados, entre ellos Morote, Liendo y Trujillo.

Además, la sala impuso el pago de una reparación civil solidaria de 3700 millones de soles para los sentenciados. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los condenados ha realizado gestión alguna para reducir la deuda.

Dicho monto se puede verificar en el Registro de Deudores de reparaciones civiles en agravio del Estado por Delitos de Terrorismo, en el Ministerio de Justicia.

Tal como reveló Correo esta semana, el Colegiado E de la Sala Penal Nacional dispuso revocar el mandato de prisión preventiva para Morote, Liendo y Trujillo, por el de comparecencia restringida en el marco del denominado caso Perseo.

De acuerdo al colegiado, hubo exceso de carcelería contra los senderistas, teniendo en cuenta además que había vencido el plazo del cumplimiento de sus penas por el Megaproceso: 25 años para los tres.

Por lo pronto, Morote, considerado el ex N° 2 de la organización terrorista, junto a Liendo, cumplirán arresto domiciliario hasta que concluya el juicio por el atentado a la calle Tarata (1992), en el que vienen siendo procesados.

Sobre Trujillo, quien ya se encuentra en libertad, no se tiene registrada ninguna medida restrictiva en otro proceso, sea el de Tarata o el de la matanza de Soras (1984).

CRÍTICAS

Ambos criticaron la decisión del Colegiado E por no considerar que se enfrentan a una organización criminal que ha causado cientos de atrocidades al país, entre muertes y daños a la infraestructura pública.

“Se trata de personas de alta peligrosidad, que han participado en la planificación de ejecuciones armadas de Sendero Luminoso. Sin embargo, el Poder Judicial no ha tenido el interés de juzgarlo como una organización criminal terrorista, sino como un delito simple”, señaló Yaranga.

En esa línea, lamentó que el Poder Judicial no haya implementado salas especializadas para juzgar a procesados por delitos de terrorismo.

Consideró que ninguno de los beneficiados con la decisión judicial ha mostrado “un signo de arrepentimiento” sobre los delitos cometidos.

“Los integrantes del Comité Central de Sendero Luminoso piensan que la cárcel es para resocializar a los internos, mas no para desideologizar. Es decir, nada garantiza que al salir de prisión, los terroristas vuelvan a tomar medidas, de alguna u otra manera”, opinó el analista.

Por su parte, Ibazeta calificó la resolución judicial como una consecuencia de la inacción del sistema de justicia.

“No es posible que con el caso Perseo se haya dictado una medida de detención con el plazo máximo, y después de tres años no se haya resuelto el caso sin aclarar su situación jurídica”, apuntó.

Si bien se mostró respetuoso de la independencia y autonomía de las instituciones, el letrado consideró que el flamante presidente de la República, Martín Vizcarra, puede llamar la atención sobre este hecho “que nos pone en vergüenza internacional, ya que estamos poniendo en libertad a los grandes enemigos del país”. “Y todo porque el sistema de justicia no resolvió a tiempo”, agregó.

DESCARTADO

“La reparación civil fue impuesta en el marco del denominado Megaproceso. Es una pena accesoria a la pena de 25 años, que ya cumplió en junio del 2013. Ahora, sobre los tres procesos que tiene (Soras, Tarata y Perseo), por los cuales sale en libertad, aún no hay sentencia”, precisó.

Consultado si su patrocinado ha mostrado algún signo de arrepentimiento, Fajardo dijo que ese tema “jurídicamente no es relevante”.

“Si se arrepiente o no de sus hechos, es un tema que corresponde a los religiosos. Y mi patrocinado no es precisamente un devoto”, añadió.

CUMPLIMIENTO. Ante las críticas por el fallo del Colegiado E de la Sala Penal, el titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, descartó que la institución que preside tenga algún tipo de favoritismo con el terrorismo.

Por el contrario, el magistrado aseguró que su institución cumplió con sentenciar a terroristas con cadena perpetua.

“Ese señor (Morote) ya cumplió su pena y ya se cumplieron los meses de prisión preventiva. Lo único que cabe es darle libertad”, señaló Rodríguez.

En esa línea, recordó que los jueces del Colegiado E tomaron dicha decisión al cumplirse los plazos de la prisión preventiva. “Cuando hay plazos que se cumplen, lo único que queda es ordenar la medida que corresponda”, declaró.

Por lo pronto, la Fiscalía y Procuraduría Antiterrorista han presentado sendos recursos de apelación contra la citada resolución.

Para el procurador antiterrorismo, Milko Ruiz, la ejecución de la medida se debió suspender hasta que el Poder Judicial no resuelva las impugnaciones.

Mientras tanto, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) ha solicitado al Poder Judicial que remita la direcciones donde Morote y Liendo cumplirán el arresto domiciliario. Solo cuando reciban esa información se procederá con la respectiva excarcelación.

Como es de público conocimiento, en el caso Perseo, el Ministerio Público investiga el financiamiento del narcotráfico al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), en el que están procesadas 43 personas, entre ellos integrantes de la cúpula senderista y de su organismo de fachada.