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Más de mil policías ingresaron este domingo al distrito de Cocachacra, provincia de Islay (sur), para restablecer el orden tras más de un mes de protestas contra un proyecto minero, informó el ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe.
Según la autoridad, los policías ingresaron "para restablecer el orden público y resguardar el orden interno ante las protestas antimineras contra el proyecto Tía María que afectaron la propiedad pública y privada" y dejaron un muerto y más de 20 heridos.
"Se ha hecho en la madrugada del domingo justamente para evitar el costo social, no hay un solo herido. En la tarde del sábado comenzamos una limpieza de todas las carreteras bloqueadas", precisó el ministro a la prensa.
Pérez Guadalupe reconoció que "existe una posibilidad de declarar en emergencia el distrito de Cocachacra por las violentas protestas" aunque "es un paso que se toma después de haber adoptado otras medidas", señaló.
La policía afincada en Cocachacra será la encargada del empadronamiento de las casas afectadas por manifestantes desconocidos en la zona, dijo.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Juan Benites, quien encabeza la delegación del Gobierno que busca un acuerdo con los manifestantes, señaló que con el ingreso de más policías se ha logrado recuperar la paz en la zona.
"Queremos darle un mensaje a la población, recuperamos el orden público para garantizar los derechos de todos, los que están a favor o en contra del proyecto minero Tía María y con ello dar garantías para un diálogo verdadero y transparente", dijo al programa de televisión Sin Medias Tintas.
Aseguró que el proyecto Tía María es compatible con la agricultura y que se han establecido todas las condiciones para que exista una inversión responsable, que garantiza la preservación del agua en esa zona del país.
En la provincia de Islay, región Arequipa, a unos 1.030 km al sur de Lima, pobladores, en su mayoría agricultores, mantienen desde el 23 de marzo un paro y enfrentamientos con la policía en protesta por el proyecto cuprífero Tía María de la Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper, valorado en 1.400 millones de dólares, pues consideran que afectará su agricultura y el medio ambiente.
