Tiran la toalla

TRUJILLO. Se quita un gran peso de encima. La preocupación que tiene el Gobierno Regional (GR) de La Libertad por su pesada carga procesal, ha sido escuchada y pronto solucionada, luego de que se publicara una Ordenanza Regional que permite a la Procuraduría Pública Regional allanarse y desistir en casi 2 mil procesos judiciales sobre pago de subsidios y gratificaciones, o sea, termine de manera definitiva dichos juicios.
En la norma Nº 029-2008-GR-LL/CR publicada ayer en el diario oficial El Peruano se señala que Procuraduría desista de pelear juicios por pago de subsidios y gratificaciones. Esto significa que dicho ente del GR ya no apele procesos judiciales por conceptos laborales, los cuales, prácticamente, los tiene perdidos.
Un ejemplo para esta norma es cuando en primera o segunda instancia, el Poder Judicial le ha dado la razón al trabajador; con los cual, entonces, el GR ya no apelará más ante el caso.

LA EXPLICACIÓN. Según la jefa de Asesoría Jurídica del GR, Kelly Vera Vásquez, de un total de 5 mil 12 expedientes, existen 996 casos que exigen un subsidio por luto y gastos por sepelio (17.44 por ciento) y otros 870 casos por gratificación, por haber cumplido 20, 25 y 30 años de servicios prestados al Estado (15.23 por ciento). "Estos dos conceptos suman mil 866 casos, que podrán ser solucionados en el más corto tiempo, debido a que se allanará o desistirá frente al demandante", opina.
Primero, -argumenta Vera Vásquez- allanarse significa que si el juez le da la razón en primera instancia al demandante, o sea, el trabajador, el GR no apelará ante una nueva sentencia, ya que casi el 70 por ciento de los casos siempre perdemos y así se puede evitar pujar por algo para generar menos gastos. Segundo, desistir es cuando el proceso se encuentra en segunda instancia, luego de que el GR ha apelado; entonces, con esta norma ahora la Procuraduría podrá decir -de tener seguridad que perderá- que ya no quiere seguir y entonces darle la razón al demandante.

SE EVITARÁN SANCIONES. Por su parte, el presidente regional José Murgia dice estar de acuerdo con la publicación de la norma y aporta que cuando una entidad apela muchas veces ante una demanda laboral, y al final no tiene la razón, se generan multas contra la institución.
"Desde ahora, el Gobierno Regional ya no apelará ante sentencias a favor de los demandantes porque eso genera gastos en pagos de recursos humanos como abogados, así como material de escritorio y equipo de oficina", finaliza la autoridad regional que, actualmente, se encuentra en la ciudad capital.

Reglamento para aprobarse
Según el gerente general del GR, Napoleón Vilca López, para la aplicación de la Ordenanza Regional sólo falta la aprobación del Reglamento, el cual será presentado ante el pleno del Consejo Regional en los próximos 15 días. "Desde la aprobación, recién la Procuraduría podrá aplicar la norma y sólo falta el voto de los consejeros", apunta.
Un último dato sobre la norma Nº 029-2008-GR-LL/CR es que esta fue expuesta por el presidente José Murgia en febrero del presente año, pero recién se ha publicado.