Titular de Energía deja a Salaverry al filo de la destitución

En la cuerda floja. Aunque no es temporada de circo, el ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, dejó a Daniel Salaverry, tratando de no caerse del cargo de presidente de Perupetro, aunque sus opciones de llegar al otro lado de la soga parecen bastante remotas.

González Toro retrocedió ante la ola de críticas que consideran que no hay ningún sustento técnico y profesional para esta designación y ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso aseguró que Daniel Salaverry no ejercerá el cargo hasta que la Contraloría General de la República emita un informe. Indicó que el nombramiento de Salaverry se vería en la Junta de Accionistas recién luego que el órgano de control brinde sus conclusiones.

Asimismo, negó que el presidente Pedro Castillo haya tenido injerencia o pagado “un favor político” con esta designación.

“Hasta la fecha, el señor Daniel Salaverry no puede hacer uso de sus facultades porque todavía no ha sido designado por la Junta de Accionistas. La designación va a ser posterior al resultado que dé la Contraloría. El informe va a decidir las cosas. Para mí es importante respetar las normas”, dijo el ministro.

El titular del Minem señaló además que el Gobierno ha respetado la normativa vigente respecto a la designación y recalcó que Salaverry “no puede ejercer mientras no se reúna la junta”, en la que -dijo- también podría denegarse su designación.

“Actualmente el señor solo tiene la resolución, pero no la designación, por eso es que ha quedado todo en stand by. Y él no puede entrar a ejercer sus funciones hasta que no se resuelva lo de la Contraloría”, reiteró.

González Toro estimó que el órgano de control tendrá listo su informe la próxima semana. “No ha habido injerencia ni insinuación del presidente de apoyar o de pagar un favor político, eso ténganlo claro. Me comprometo hoy (ayer) a solicitarle al contralor el informe para lo más pronto posible”, refirió sobre el papel del mandatario en la designación.

Pese a las consultas de los legisladores, el ministro evitó responder acerca de los motivos y razones del nombramiento de Salaverry. Tampoco precisó si le había pedido su carta de renuncia como refieren algunas versiones.

ANÁLISIS. Al respecto, en diálogo con Correo, el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi sostuvo que si Salaverry “no cumple con los requerimientos de ley el responsable es el ministro de Energía y Minas”.

Herrera Descalzi explicó que, de acuerdo a la normativa, es el titular del sector Energía el que acude al presidente de la República con la propuesta de candidato para que asuma la presidencia del directorio de Perupetro. El mandatario suscribe, junto al ministro, la resolución suprema de la designación.

De acuerdo a la Ley No. 26225, ley de organización y funciones de Perupetro, el directorio de esta entidad está integrado por 5 miembros. Tres miembros representan al sector Energía y uno de ellos es designado presidente del directorio. Los otros dos son propuestos por el MEF. “Si se cumple la formalidad, el señor Salaverry debería haber sido propuesto por el ministro de Energía y Minas, que avala que el señor Salaverry cumple los requerimientos de ley”, indicó.

En la referida norma también se indica que los miembros del directorio “deberán ser personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar y no deberán ser funcionarios o empleados públicos”.

Herrera Descalzi consideró que “sería fatal que la Contraloría diga que Salaverry cumple con los requisitos para el puesto”.

Consultado sobre la figura de la Junta de Accionistas -aludida por el actual ministro- para avalar la designación del Salaverry, indicó que es aplicable solo “a empresas reales”. Precisó que este grupo es designado por el propio ministro de Energía, según la norma. “Si él nombra la junta de Accionistas, él es la Junta de Accionistas”, aseveró.

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Por su parte, el expresidente de Perupetro Aurelio Ochoa sostuvo que lo señalado por González Toro sobre la Junta de Accionistas podría entenderse como “una salida elegante, forzada, pero podría interpretarse que de todos modos se está analizando su designación”.

Consideró que es correcto que el ministro señale que debe esperar al informe de la Contraloría sobre la situación de Salaverry. Sin embargo, manifestó que el nombramiento está vigente desde el día siguiente a la publicación de la resolución en el diario El Peruano, por lo que “le compete el salario de acuerdo al número de días” que permanezca en el cargo. “No va a demorar mucho el pronunciamiento de la Contraloría. Ya casi lo está adelantando el ministro diciendo que depende de lo que diga la Junta General de Accionistas, que me parece que no existe. Es una decisión política”, comentó.

Ochoa señaló que ante el reporte de designaciones cuestionables de funcionarios en el Estado, se deben exigir requisitos mínimos para estas contrataciones..

DESARREGLOS. En un contexto de polémicas designaciones políticas, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, consideró que la administración pública por “su peor momento y su peor situación”, debido a la falta de idoneidad de los funcionarios elegidos por el actual Gobierno.

“Yo creo que la administración pública pasa por su peor momento, su peor situación. Mire lo que sucede en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Energía y Minas”, dijo a RPP.

Gutiérrez también respondió a las críticas surgidas desde la bancada de Perú Libre a las normas aprobadas el último jueves y que establecen restricciones en la designación de ministros y viceministros, además del personal de confianza.

“A nosotros nos parece que son argumentos que no tienen fundamento. (No tienen razón) los que se oponen y quieren evitar este tipo de requisitos, filtros o recaudos para que tengamos una buena administración pública”, expresó.

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Podría ser inhabilitado para función pública

La Comisión Permanente aprobó con 28 votos a favor que la congresista Rosío Torres (APP) sea la encargada de sustentar -ante el pleno- la acusación contra Daniel Salaverry, por los informes falsos que habría presentado por su semana de representación cuando fue legislador por Fuerza Popular.

El hoy presidente de Perupetro fue denunciado por los delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica.