Bloqueos de transportistas en Carretera Central impulsó al Gobierno a imponer el toque de queda. 
Marchas de transportistas que han bloqueado sectores de la Carretera Central (kilómetro 13) e impiden el paso de buses y taxis. 
FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO
Bloqueos de transportistas en Carretera Central impulsó al Gobierno a imponer el toque de queda. Marchas de transportistas que han bloqueado sectores de la Carretera Central (kilómetro 13) e impiden el paso de buses y taxis. FOTOS: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO

Expertos constitucionalistas y la Defensoría del Pueblo catalogaron de inconstitucional la repentina declaratoria del Estado de Emergencia y el toque de queda dictados por el Gobierno la medianoche de ayer para Lima y el Callao para casi todo el día martes.

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El inconsistente dispositivo más bien estimuló una masiva marcha cívica que exigió la renuncia presidencial. El propio mandatario, Pedro Castillo, anunció su derogatoria hacia las 17:00 horas.

La Defensoría del Pueblo se pronunció muy temprano.

“La medida adoptada por el Poder Ejecutivo es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrados en Lima y Callao”, subrayó en un comunicado.

Por esas y otras consideraciones, la Defensoría presentó un hábeas corpus ante el Poder Judicial con el fin de detener la medida. Esta solo llegó a ser admitida a trámite.

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Principios


“En modo alguno cumple, esta medida, con los criterios constitucionales”, dijo a Correo el consitucionalista y expresidente del TC, Víctor García Toma.

“Es claramente inconstitucional porque afecta el principio de racionalidad: carece de sentido común”, señala el jurista al remarcar que pretende impedir el bloqueo de carreteras “y termina paralizando toda la ciudad”.

Considera, asimismo, que no es una medida proporcional pues se adopta, supuestamente, para proteger a ciertos comercios: “Lo cierto es que se ha paralizado todo el comercio”.

Por su parte, el jurista Natale Amprimo advirtió la inconstitucionalidad de la norma. “Aquí no hay una racionalidad, una proporcionalidad y, además, las formas tampoco son las correctas”.

“En el fondo, es una medida arbitraria y, por lo tanto, inconstitucional”, para impedir que los ciudadanos “se expresen y manifiesten su descontento por la pésima gestión que el Ejecutivo viene realizando”, opinó.