La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, estimó que en un plazo de tres meses se podría resolver el juicio político contra el expresidente Martín Vizcarra, quien afronta denuncias constitucionales en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento por vacunarse en secreto contra el coronavirus (COVID-19) con dosis del laboratorio chino Sinopharm.

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“Hay un procedimiento reglamentario en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que tienen tiempo, pero el otro día estábamos viendo si es que se cumplen los plazos de la manera más estricta, si es que hay voluntad política para que todo esto se realice de la manera más célere, pero además respetando los principios del debido proceso para no vulnerarlos, entonces, estimamos que si se hace eso de la manera más óptima posible podríamos tener un resultado en tres meses”, afirmó en diálogo con Ideeleradio.

Este lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debatirá un informe que propone declarar procedentes la mayoría de denuncias presentadas contra el expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la excanciller Elizabeth Astete por vacunarse en secreto contra el COVID-19.

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Mirtha Vásquez señaló que existe la posibilidad de llegar a una “resolución definitiva” después de las Elecciones Generales 2021 programadas para el domingo 11 de abril, lo que impediría que, de ser elegido Martín Vizcarra como congresista, pueda asumir dicho cargo.

“[Este plazo] Nos plantea la posibilidad de que incluso podamos llegar a ver una resolución definitiva a lo mejor no antes de las elecciones, pero sí después de estas, antes de que asuman los nuevos funcionarios y creo que ahí lo que se podría impedir es que asuman como congresistas personajes como Martín Vizcarra, si es que se encuentran las responsabilidades que en el curso de la investigación se determina todo eso, pero hay que tener en cuenta que eso es ajustando los plazos de la manera más diligente posible”, sostuvo.

En el caso de las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Cancillería), quienes también forman parte del proceso que se sigue en la subcomisión, refirió que el plazo podría ser entre tres y cuatro meses.

“Creo que ahí los plazos los tomamos de manera más tranquila porque, claro, en tres o cuatro meses creo que también en este tiempo, dada la situación, no creo que ellas puedan o se animen, digamos, a asumir algún cargo público, entonces, ahí lo que esperaríamos es que con un debido proceso, en los tiempos más adecuados y céleres posibles, se podría determinar una sanción y efectivamente para adelante, ellas no podrían asumir una función pública que es lo menos que creo que se debe aplicar a estos funcionarios”, manifestó.

“Creo que esta es la sanción menor, aparte de eso, creo que las responsabilidades penales se deberían establecer de la manera más rápida posible”, finalizó.

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