El abogado y analista político Víctor Quijada indicó que utilizar información calificada de reservada por el Ministerio Público para dar trascendidos en informaciones periodísticas puede constituir un delito de obstrucción a la administración de justicia y tener una pena de cinco años según el artículo 409-A del Código Pena.
“Las informaciones de una investigación reservada tienen un tratamiento especial y no debe trascender hasta que la autoridad competente no autorice la difusión de los mismos. Es extraño que ante la especulación frente a presuntos trascendidos de la información proporcionada por Marcelo Odebrecht, el Ministerio Público no haya tomado acciones”, señaló.
Para Quijada Tacuri, tanto los portales informativos como los diarios que publican información basadas en fuentes que estuvieron presentes en la diligencia fiscal realizada en la ciudad de Curitiba con Marcelo Odebrecht, podrían ser implicadas como posibles cómplices de obstrucción a la justicia peruana.
“Hay mucha información condicional, sujeta a confirmación oficial pero que ya está causando serios daños sobre el prestigio de las personas, incluso al propio Jefe de Estado. Este manejo de la información puede resultar irresponsable si se comprueba, con la versión oficial, que poco o mucho es cierto y lo demás fue la interpretación de la fuente. ¿Quién repara ese daño?”, cuestionó el especialista.
Es el Ministerio Público el obligado a detener este tipo de trascendidos e investigar por qué abogado, fiscal o participante de la reunión se estaría filtrando la información. “Vamos a caer en un carnaval de primicias que resultan falsas o generan confusión. Es la autoridad judicial la llamada a evitar que esto continúa”, expresó.
Quijada señala que el testimonio que Odebrecht ofrece busca beneficiarlo, no solo por un tema de penas rebajadas, sino para minimizar sus pérdidas y recuperar lo más que pueda de su patrimonio: “En ese contexto, a él le conviene un entorno político convulsionado e inestable para obtener mayores ventajas”.
