Vicente Zeballos: “Toda persona que haya incurrido en acto de corrupción que asuma su responsabilidad”

Durante su presentación ante el Congreso para solicitar el voto de confianza, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, manifestó que el Gobierno ha tenido un compromiso permanente para combatir la corrupción.

“Nuestro objetivo ha sido y es que toda persona que haya incurrido en un acto de corrupción asuma su responsabilidad, sin importar el cargo o la posición que ocupe”, sostuvo.

Ante ello, resaltó que durante el interregno parlamentario se aprobó un Decreto de Urgencia que amplía el alcance de la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses para todos los que ejercen un cargo público (incluidos funcionarios y asesores). Esto, indica, se hizo debido a que se identificó que los conflictos de intereses son la causa de hechos de corrupción.

El titular de la PCM señaló que la clave de dicha declaración reside en su publicidad a través de una plataforma digital a la cual todos los ciudadanos tienen acceso. “Hasta la fecha más de 33 mil declaraciones juradas de intereses se encuentran publicadas, lo que, sin duda, constituye un avance sustancial para mejorar nuestros estándares de integridad pública, potenciando la prevención, el control gubernamental y sobre todo el control social. La transparencia es central en un Estado democrático”, precisó.

Asimismo, anotó que en el caso de los arbitrajes, en los que el Estado peruano interviene, se aprobó un Decreto de Urgencia el cual modificaba el marco normativo preexistente con el fin de evitar que malas prácticas y vacíos legales puedan ser aprovechados para beneficio particular y causen perjuicios al Estado afectando los servicios públicos. “En la norma se establece que cuando el Estado es la parte afectada en una medida cautelar, se exige como contracautela una fianza bancaria y/o patrimonial, de realización automática en favor del Estado, evitando dilaciones en las obras públicas, que perjudican a la ciudadanía y generan graves consecuencias económicas para el país”, dijo.

A esto, agregó la aprobación del marco para pasar al retiro, como medida ejemplar, a los delitos y faltas que pudiesen cometer efectivos de la Policía Nacional tales como: delitos contra la vida o el patrimonio, abuso de autoridad, contra la administración pública o incluso como integrantes de bandas criminales. “Este es un instrumento legal que evita que continúen en la institución policial elementos que corroen su disciplina y su moral”, sentenció.