Gestión de exgobernantes en la mira del Congreso

A siete meses de que culmine la actual gestión gubernamental, una nueva comisión investigadora intenta abrirse paso en el Congreso de la República.

Ayer las bancadas de Acción Popular-Frente Amplio (AP-FA), Dignidad y Democracia (DyD) y Solidaridad Nacional (SN) firmaron una moción para solicitar que se conforme una comisión multipartidaria que investigue los presuntos actos de corrupción que vinculan a empresas brasileñas y altos exfuncionarios del Estado peruano.

GOBIERNOS. Según se lee en el documento, dicho grupo de trabajo se encargará de indagar el pago de sobornos por parte de las constructoras Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, “y las demás que resulten responsables”, a funcionarios del Estado peruano para la obtención de contratos de obras públicas y licitaciones.

La moción destaca las investigaciones del operativo de la policía brasileña en el caso denominado “Lava Jato”, donde se ha detectado una red compleja de corrupción en la que un grupo de empresas de ese país habría pagado sobornos para conseguir contratos con otros gobiernos.

Yonhy Lescano, vocero de AP, informó que son tres los gobiernos que estarían involucrados “en coimas por miles de dólares”, las cuales comprometerían a los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Según dijo, la moción plantea que las indagaciones se hagan de manera retrospectiva hasta la gestión del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

“Es un asunto de interés no solo de investigación fiscal sino también de investigación política en el Parlamento, a efectos de que se establezca quiénes recibieron coimas para que se lleve a cabo -y de forma sobrevalorada- la construcción de la carretera Interoceánica y otros”, comentó.

En caso se apruebe la moción, no descartó que se cite a los exmandatarios involucrados (Toledo y García), así como a sus respectivos ministros, para que contribuyan al esclarecimiento del caso.

“Ahí están las visitas a Palacio, los exministros involucrados, los exfuncionarios que tienen que responder y los que vieron el tema de las licitaciones”, comentó.

Sostuvo además que no se opone a que el tema sea investigado por la Comisión de Fiscalización; sin embargo, subrayó que por ser un tema muy amplio debería tratarse en una comisión especial.

FISCALIZACIÓN. Por su parte, el virtual presidente de la Comisión de Fiscalización, Gustavo Rondón (SN), indicó que en su gestión retomará las investigaciones que hayan quedado pendientes en su grupo de trabajo, entre las que se encuentran las referidas a los supuestos sobornos para la construcción de la carretera Interoceánica Sur.

Sobre la figura de Zaida Sisson, señaló que ella “era la puerta” por la que presuntamente ingresaron los lobbistas de las constructoras brasileñas a las instituciones del Estado peruano.

“De repente lo estratégico está en descender hasta quién a final de cuentas autoriza el presupuesto (para las licitaciones), y bienvenido sea”, declaró el legislador en RPP.

Cabe indicar que el saliente presidente de Fiscalización, Enrique Wong, empezó una investigación preliminar hace ocho meses.

Sostuvo que la comisión especial que eventualmente se forme debe determinar la razón del alto costo que significó la construcción de la carretera Interoceánica.

Refirió que no puede ser posible que exista un desbalance de $1150 millones entre los $865 millones que convino el gobierno de Alejandro Toledo y los $2150 millones que terminó pagando la administración de Alan García.

“Se debe investigar de forma concreta quién firmó la licitación del convenio en la Interoceánica Sur, que se hizo con Toledo. Posteriormente, las adendas se firmaron con Alan García (...) Esta es la oportunidad de oro del Perú, a todos los que estén coludidos con esto que tengan una sanción”, señaló Wong.

MOCIÓN PROPIA. A su turno, Julia Teves, vocera del nacionalismo, dijo no descartar que su bancada presente su propia moción para pedir una comisión que investigue los nexos de la construcción de la Interoceánica con el caso “Lava Jato”.

“El interés real es no politizar el tema, hacer una investigación responsable y no caer en situaciones (cuestionables), porque entiendo que estamos en una campaña electoral (...) No podemos entender cómo es que empresas brasileñas se han podido relacionar con funcionarios peruanos y hayan ganado grandes licitaciones”, comentó.

De otro lado, el parlamentario de Concertación Parlamentaria Mauricio Mulder indicó que su bancada apoyará las investigaciones relacionadas con el tema en la Comisión de Fiscalización, porque instalar una comisión especial “podría demorar demasiado”.

Declaró además que “lo que se tendría que determinar” es si las empresas cuestionadas le pagaron “una coima” a algún funcionario público peruano para obtener una obra.

Otro parlamentario que no se mostró a favor de la creación de una comisión especial fue Juan Carlos Eguren (PPC -APP).

“Alentamos la decisión del Ministerio Público, que ya ha enviado a un grupo de fiscales a Brasil para hacer una indagación preliminar, y es en esa instancia donde se debe concentrar la investigación”, manifestó a la prensa.