El sector de maestros en paro perdió ayer la emblemática Plaza San Martín, en el Centro Histórico de Lima, tradicional punto de encuentro para manifestaciones sociales y políticas.
El amplio recinto -ágora de sus asambleas políticas- amaneció ocupado por un sólido cordón policial que cercó el perímetro siguiendo instrucciones del Ministerio del Interior.
Un buen número de docentes intentó recuperar su “cuartel general” de las últimos semanas.
Ante la insistencia de los manifestantes, la Policía tuvo que dispersarlos con el uso de la fuerza, usando gases lacrimógenos e interviniendo con más resolución que antes a los más violentos.
Tras ser retirados del céntrico lugar, los manifestantes optaron por dirigirse a las plazas Francia, Bolognesi y Dos de Mayo, pero también fueron retirados.
Incluso, pasando el mediodía, un grupo de profesores se trasladó por las avenidas Arequipa, Parodi con Javier Prado Este, en San Isidro, con el propósito de impedir el acceso al estadio Monumental, donde se iba a realizar el partido Perú-Bolivia.
Minutos después, otro sector de docentes de bases provinciales recorrieron varias calles del distrito de Miraflores, por las avenidas Aramburú y Arequipa.
Los agentes de la Policía usaron bombas lacrimógenas y la fuerza para hacerlos retroceder. Varios maestros terminaron heridos. Pese a la represión, señalaron que continuarán con sus marchas.
Por la noche, cerca a las 7 p.m., los profesores junto a varios de sus dirigentes intentaron concentrarse en la Plaza Bolognesi, pero la Policía nuevamente actuó con firmeza y logró dispersarlos.
El funcionario sostuvo que solicitará que se aplique la Ley de Flagrancia a los revoltosos.
Aseveró que los profesores Eder Hernán Ramos Serna y Diego Jimmy Asto Pariona cometieron el delito de violencia y resistencia a la autoridad en su forma agravada.
“Lamentar que dos personas que se identifican como profesores hayan agredido alevosamente a miembros de la Policía Nacional. Uno de estos personajes se atrevió a dar patadas en la espalda a un policía y el otro dio puñetes. Ellos han sido filmados”, sostuvo.
Incluso, dijo que los mencionados educadores serán procesados en un plazo de 72 horas hasta por ocho años de pena privativa de la libertad. Las acciones las realizará el procurador del Orden Público del Mininter.
“Para que se deje constancia de que no se puede agredir alevosamente e impunemente a la Policía Nacional”, manifestó el viceministro de Orden Interno, Rubén Vargas.
Los mencionados docentes fueron trasladados a la comisaría de Alfonso Ugarte, por el momento.
“El procurador de Orden Público ha estado presentado las denuncias no solamente de hechos que se han registrado en la ciudad de Lima, sino en otras regiones donde se ha pretendido tomar aeropuertos y centrales hidroeléctricas”, señaló.
Vargas sostuvo que los maestros tienen derecho a realizar una huelga, pero los ciudadanos lo tienen al libre tránsito.
MARTENS. En tanto, en conversación con Correo, la ministra de Educación, Marilú Martens, sostuvo que las pautas de evaluación del desempeño docente no serán modificadas y que dicho proceso ya empezó en Tacna con la calificación a las profesoras de inicial.
“Tacna es una de las regiones donde prácticamente no se ha interrumpido el servicio escolar. Si bien hay un número de instituciones que pararon, es muy pequeño. Es importante ver la buena disposición que tienen las profesoras de inicial. Ya se inició la evaluación de desempeño”, indicó.
Consultada sobre la posibilidad de variar los criterios de evaluación a los profesores, dijo que el Minedu no lo hará.
Marilú Martens explicó que hay cuatro modalidades de evaluación y que una de ellas es la observación de clases y las pautas de evaluación.
“Justamente es lo que hoy hemos estado conversando con más de 30 profesoras de inicial. Ellas están totalmente de acuerdo con estas pautas, no hay una necesidad (de variarlas) porque es lo que hacen todos los días frente a sus estudiantes. El desempeño de las maestras de inicial en el trabajo que hacen día a día y otros aspectos que también he podido compartir son indicadores de que son totalmente realizables”, manifestó.
La titular del Minedu también aseveró que el diálogo con el magisterio “nunca se ha roto”, pues siempre está abierto para las regiones.
“Lo que no hacemos es negociar en Lima. Entonces, lo que hemos pedido a todos es que reanuden las clases, que es algo que ya se está haciendo. La reanudación en las regiones es bastante significativa y, una vez que se reanuden al 100%, lo que van a hacer es abrir mesas técnicas en las cuales se puede invitar al Minedu, si hay algún tema nacional que tratar”, enfatizó.
Martens instó a que los gobiernos regionales pasen a la etapa de contratación de docentes suplentes, en aquellos departamentos en los que la huelga se mantiene.
EXHORTACIÓN DE OBISPOS. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana lamentaron el perjuicio causado por la huelga de maestros a millones de escolares, e invocaron al Poder Ejecutivo y los profesores a poner fin al conflicto.
“Los profesores y las autoridades gubernamentales no deben perder de vista que la educación pública es un derecho innegociable de los estudiantes, y que su principal finalidad es la formación integral del ser humano, por lo que debe ser impartida con responsabilidad y oportunidad”, indicaron a través de un comunicado.
Aseguraron que negar o postergar las clases de los alumnos es una injusticia, y al mismo tiempo una violación de un derecho fundamental.
“La extensión de este conflicto por más tiempo es la peor lección que autoridades gubernamentales y profesores pueden dar a la niñez y adolescencia de nuestro país. ¿Qué enseñanza estamos dando a los alumnos, si no somos capaces de resolver los conflictos y acabar con nuestras diferencias evidenciando nuestra vocación por el diálogo, y la priorización del bien común? Peor aún, si con esta conducta se afecta lo más preciado de un país: la educación de las nuevas generaciones”, sostuvieron.
En ese sentido, indicaron que la resolución del conflicto social magisterial debe lograrse a partir de la voluntad de los actores, quienes deben priorizar el derecho a la educación de los estudiantes y armonizarlo con el derecho de los maestros a tener una profesión valorada por el Estado y la sociedad.
“Consideramos que dejarnos atrapar por el limitado enfoque de abordar la solución de este conflicto desde una perspectiva de vencedores o vencidos solo generará un perdedor: los alumnos de las escuelas públicas”, expresaron.
Finalmente, exhortaron a las autoridades y docentes a que, con la urgencia debida, “hagan su máximo esfuerzo para llevar acabo un diálogo genuino y eficaz”.