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La exconsejera por la provincia de Huamanga, Elizabeth Prado, cuestionó la actitud de los actuales consejeros regionales de Ayacucho por su baja productividad y que de esta rendirán su primer ba- lance el primer semestre de este año, es decir, en junio próximo.
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“No es posible que, en el tema de sus obligaciones normativas, recién tengan una sola ordenanza y ya estamos en mayo. Esto que significa que a fin de año ¿van a tener dos a tres ordenanzas regionales?”, dijo.
En ese sentido, señaló que hay muchas normas que se debe revisar, actualizar y mejorar; pero “no hay iniciativas que han traído los consejeros para esta gestión 2023-2026. Qué podemos pensar, que acaso no hay interés. Nosotros en el primer año ya teníamos hasta 7 ordenanzas aprobadas”.
Los consejeros en estos momentos incluso tendrían la soga al cuello, pues de acuerdo a una norma aprobada el año pasado, tienen la obligación de presentar un informe general a fin de año sobre todas sus acciones realizadas el 2023: informes de fiscalización, ordenanzas, gastos destinados al fortalecimiento de labores; sin embargo, a este paso no tendrán prácticamente nada que rendir.
Prado Montoya recomendó a los consejeros que despierten y fiscalicen obras grandes y que no elijan cualquier cosa, “todo ese presupuesto que gastan debe ser dirigido a proyectos grandes, como lo hicimos en el primer año, donde estuve como presidenta de la Comisión de Infraestructura y agarramos de frente Ancasccocha, Luis Carranza, Pallcca, el hospital regional en la parte de infraestructura, es decir, proyectos de importancia que conlleva que los consejeros demuestren indicios de irregularidad y sobre todo los presuntos responsables”.
“No confundan que el informe de fiscalización es una visita o que solamente van a relatar el historial de la obra, ese no es el objetivo, sino ir a determinar las irregularidades que ya anticipadamente las hemos detectado, con base en eso se programa el plan para la fiscalización, es decir, escoger los temas más grandes e impactantes, porque la contraloría también maneja esa lógica. Ellos dicen cuánto de perjuicio ha ocasionado al estado y las faltas administrativas o delitos; pero si no hay estos elementos, estos informes quedan en un relato sin importancia”, explicó.
