Investigan licitación de proveedor que visitó a Castillo

El reciente escándalo en el que está involucrado el presidente Pedro Castillo y funcionarios de Petroperú, por la aparente adjudicación amañada de biodiesel B100 a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., ameritó que la Fiscalía Anticorrupción abra una investigación, de ocho meses, por los delitos de negociación incompatible y colusión.

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Dicha pesquisa alcanza al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, la lobista Karelim López y el empresario Samir Abudayeh, gerente de la compañía que ganó la licitación con la petrolera estatal por 74 millones de dólares.

Las autoridades fiscales pusieron los ojos sobre las personas mencionadas luego de que estos se reunieran por más de una hora con el jefe de Estado en Palacio de Gobierno, el último 18 de octubre, de acuerdo con los programas dominicales Panorama y Punto Final.

Luego de esta cita, el 28 del mismo mes, Heaven Petroleum Operators (HPO) obtuvo la buena pro para vender 280 mil barriles de biodiesel al Estado.

La indagación abierta por la fiscal anticorrupción Norah Córdova también alcanza a otros funcionarios de Petroperú, como Gunther Document Celis, gerente del departamento de distribución; Muslaim Abusada Sumar, gerente de cadena de suministros; y Roger Liy, gerente del departamento de compras e hidrocarburos.

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CON EL PIE EN ALTO

Como parte de las diligencias, un equipo de fiscales liderados por Luis Alberto Medina y Luis Reynaldo Abanto se apersonó ayer a Palacio de Gobierno para recabar información.

Sin embargo, fueron impedidos de ingresar a la Casa de Pizarro. Ellos consignaron en un acta, a las 2:45 p.m., que fue el propio jefe de Estado quien no autorizó su ingreso. Sin embargo, luego de 45 minutos pudieron entrar.

Más temprano, otro equipo hizo lo propio en la sede de Petroperú en San Isidro. En ambos casos buscaron el registro de visitas del 15 al 28 de octubre, documentos y otros elementos que sirvan para la indagación preliminar.

El operativo contó con el apoyo de peritos informáticos del Ministerio Público y agentes de la División de Investigación de Delitos Vinculados al Crimen Organizado de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional.

Por su parte, la Contraloría informó que comenzará una acción de control inmediata con el propósito de conocer la legalidad de la licitación que ganó HPO en Petroperú.

“Contraloría informa el inicio de una acción de control inmediata sobre la legalidad de la licitación relacionada a la adquisición de biodiésel B100 nacional en Petroperú”, publicó la institución en sus redes sociales la noche del domingo.

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REACCIÓN

A su turno, la vicepresidenta, Dina Boluarte, dijo que el presidente Castillo se reunió con el proveedor Samir Abudayeh porque “seguramente” habrían conversado sobre la política de hidrocarburos.

“La importación de este producto (petróleo crudo) es un poco caro para el Perú, pero lo tenemos que seguir importando”, afirmó.

Sin embargo, agregó que el caso de la licitación tendría que investigarse, por lo que aseguró que la Fiscalía y el Poder Judicial -dentro de su autonomía- deben hacer las pesquisas pertinentes.

Por su parte, el expremier Guido Bellido le envió un mensaje al mandatario mediante Twitter: “La transparencia empieza desde casa. Invocamos que el primer funcionario del país, demás colaboradores e involucrados, den las facilidades a la investigación de la Fiscalía para el caso Petroperú”.

El también congresista de Perú Libre añadió que “nadie debe robar un sol al país y menos la esperanza de cambio del pueblo”.

CONGRESO

Para el congresista José Cueto (Renovación Popular) esta situación genera preocupación debido a que el jefe de Estado no debería estar reunido con un proveedor a pocos días de que este gane una licitación.

En diálogo con Correo, refirió que Castillo no debe ser juez y parte, y que desde el Congreso la Comisión de Fiscalización deberá tomar acciones contra los responsables e iniciar las investigaciones del caso.

Consultado sobre si amerita la citación de algunos implicados en el escándalo, respondió que sí: “Debe citarse al gerente general de Petroperú”, resaltó.

Por su parte, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, declaró que el caso debe ser investigado por la Fiscalía, pero que la responsabilidad recae sobre las autoridades de Petroperú.

“Vimos acciones sospechosas en Palacio de Gobierno, exigimos acciones para ver si hay actos indebidos. El Ministerio Público tiene que actuar, porque no podemos seguir esperando respuestas cuando sabemos que no van a llegar”, manifestó en RPP.

Consideró que para pensar en una causal de vacancia por este escándalo, tendría que probarse primero  que hubo tráfico de influencias por parte del presidente.

En la misma línea se pronunció la bancada de Alianza para el Progreso (APP), que exigió una investigación exhaustiva de parte de la Fiscalía y la Contraloría.

Al respecto, la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, cuestionó que el presidente no aclare las denuncias en su contra.

“A esto se suma la demora de nuestro sistema de justicia, ¿hasta cuándo vamos a continuar con esta situación de incertidumbre para los peruanos”, reprochó.

La apepista remarcó que el Perú necesita respuestas inmediatas y que reafirma su posición frontal contra la corrupción “caiga quien caiga”.

Desde Perú Libre, la congresista Kelly Portalatino expresó ayer que debe hacerse una investigación más profunda sobre el caso. No obstante, al ser consultada sobre si el jefe de Estado debe pronunciarse, respondió, sin mayor detalle, que no está dentro de los intereses el mandatario el robar al Estado.

“Tenemos que ser respetuosos (...). El presidente no tiene ningún interés de llevarse ningún centavo del Estado peruano (...). Él ya declaró, entiendo, en un evento. Esa es su forma de declarar (pronunciarse)”, dijo a Canal N.