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El Ministerio Público dispuso que la Oficina de Control Interno investigue la polémica liberación de un grupo de “marcas” detenidos la semana pasada con armas, droga y vehículos robados en Comas.
La decisión fue tomada para determinar a los responsables de este hecho, que ha provocado un enfrentamiento entre las autoridades fiscales, el Poder Judicial y la Policía.
No obstante, ayer continuó la pugna. El Ministerio Público rechazó las declaraciones brindadas por el general Máximo Ramírez de la Cruz, director de Defensa Legal de la Policía Nacional, a quien le solicitó “conducirse con objetividad y respeto”.
Asimismo, la fiscal Carmen Gonzales Gonzales, de la Octava Fiscalía Penal de Lima Norte, y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, Gabino Espinoza Ortiz, se acusaron mutuamente.
ENFRENTAMIENTO. Espinoza declaró que el problema se generó por una “falta de comunicación” entre la Fiscalía y la Policía, y porque hay “plazos constitucionales” que se deben cumplir.
Los cinco “marcas”, de la banda “Rápidos y furiosos”, fueron puestos en libertad en menos de 24 horas, el tiempo límite en que ellos podían permanecer detenidos.
“Si pasa este plazo, la detención se convierte en ilegal, y eso acarrea responsabilidad con el magistrado”, sostuvo en un medio local.
En tanto, la fiscal dijo que “el escollo es el Poder Judicial”, porque “no recibieron el atestado policial aduciendo ellos que habíamos llegado cinco minutos tarde”.
Pese a esto, dos de los “marcas” serán investigados por tenencia ilegal de armas. Ellos son Félix Ramos, (a) “Pelacha”, y Javier Yancul, (a) “Chatarra”. Los otros tres presuntos asaltantes que hoy están libres son Miguel Álvarez, Jam Vilcapoma y Anderson Guzmán.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, dijo que lo ocurrido “revela la descoordinación existente entre las instituciones que deben combatir el delito”.
Reunión
El ministro del Interior, José Pérez; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; y el titular del Poder Judicial, Víctor Ticona, se reunieron para afrontar la crisis.