Obras de Línea 2 del Metro de Lima genera caos en Carretera Central

Las bocinas de los vehículos -estridentes, desafinadas, intempestivas- son como un sonido de fondo en los alrededores de la Carretera Central, donde se construye el primer tramo de la Línea 2 del Metro de Lima. Las filas de camiones, combis y autos particulares son también cotidianas en esta zona de la capital.

En el sector cerrado de la vía, entre el puente Santa Anita y el Mercado Mayorista de Lima, son frecuentes las quejas de residentes y transeúntes. Y aunque el tramo restringido no supera los cinco kilómetros, sus consecuencias se padecen en al menos tres distritos cercanos.

Los municipios de Santa Anita y La Molina -afectados hoy, beneficiados a futuro- han emprendido acciones diversas para hacer llevadera la situación durante los once meses que aún estará cerrada la carretera (ver infografía).

Santa Anita. Alegando una supuesta “situación de emergencia”, la Municipalidad de Santa Anita ha exonerado de concurso público a tres obras de rehabilitación vial, además de sus respectivas consultorías, que en total costarán más de S/.19.5 millones. En virtud de ello, se han contratado empresas sin realizar procesos de selección, cuyo objetivo es elegir al mejor postor.

Las obras se ejecutan en tramos de las avenidas 22 de julio, Colectora Industrial, Los Cascanueces y La Encalada, en el cuadrante adyacente al sector cerrado de la carretera.

Correo visitó estas calles en hora punta y comprobó que, aunque las vías lucen deterioradas, el volumen de vehículos es menor en relación a otras vías.

La comuna argumenta que el distrito ha sufrido “acontecimientos terribles y críticos” desde mayo pasado, cuando se implementó el plan de desvíos. Hasta antes de esa fecha, por Santa Anita circulaban 32 empresas de transporte público, cifra que hoy se ha incrementado hasta 97, según su Área de Transporte.

De acuerdo con la Gerencia de Servicios Públicos, el 41% de sus vecinos percibe un aumento en la congestión vehicular, mientras que el 67% asegura que se ha incrementado la inseguridad.

Para Diethell Columbus, especialista en derecho municipal, los argumentos que da la comuna “no se ajustan” a los criterios que establece el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) como razones válidas para exonerar una licitación.

Las directivas técnicas de la institución fijan cuatro situaciones extraordinarias para permitir ese procedimiento: a) que ocurran acontecimientos catastróficos, b) sucesos que afecten la seguridad nacional, c) situaciones que puedan generar los dos primeros escenarios y d) emergencias sanitarias.

Como ejemplos, se mencionan terremotos, naufragios, descarrilamientos, incendios grandes, explosiones, derrumbamientos de edificios y minas, entre otras desgracias que -hasta el momento de la exoneración- no habían ocurrido en Santa Anita.

La Molina. En mayo pasado, la comuna de La Molina pidió que los desvíos no se apliquen hasta que se realicen unas obras complementarias para evitar que su distrito colapse. Aunque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se comprometió a financiar estos proyectos, entre ellos la construcción de nuevos carriles en la avenida Javier Prado y la semaforización de Separadora Industrial, la transferencia de dicha partida se ha postergado hasta el próximo año.

Correo informó, en noviembre último, que la obra recién iniciará en el segundo semestre del 2016, cuando el MTC cumpla con transferir los S/.32 millones comprometidos. Hasta entonces, el municipio ha decido invertir S/.179 mil en los estudios preliminares.

Otro de los distritos en la zona de influencia es Ate, comuna que no entregó la información solicitada por este diario. Las obras mencionadas, aunque resulten necesarias, pueden tener un efecto inmediato negativo, pues podrían incrementar la congestión que buscan solucionar.

Exoneración de concurso

Para exonerar de concurso público una obra, se requiere que la posibilidad de ocurrencia de una situación de emergencia sea comprobada, tal como lo establece la normativa técnica del Organismo Supervirsor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Además, la Municipalidad de Santa Anita debe sustentar de qué forma unos proyectos de rehabilitación vial pueden ayudar a solucionar los problemas asociados al cierre de la Carretera Central, entre ellos la inseguridad, congestión vehicular, contaminación, entre otros. Correo buscó la versión edil, pero no hubo respuesta.

La comuna señaló que la información será enviada a la Contraloría.