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El Consejo Fiscal (CF) considera que la autorización del retiro de hasta 4UIT (S/ 18,400) de los fondos de jubilación gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), profundiza la precariedad del sistema previsional peruano y generará desequilibrios macroeconómicos y fiscales en el corto, mediano y largo plazo. Además, se da bajo circunstancias en la que la economía muestra una significativa mejora respecto del peor momento de la pandemia.
Según estimaciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), esta medida produciría la salida de más de S/ 30,000 millones de los fondos del SPP (aproximadamente el 25% de los fondos administrados), que sumados a los anteriores retiros (S/ 66,000 millones), totalizarán cerca de S/ 100,000 millones liberados, equivalentes a más del 11% del PBI actual. Todo ello con un marco constitucional que señala la intangibilidad de los fondos de pensiones.
En cuanto a los efectos fiscales, en el corto plazo la medida ocasionaría que los fondos privados de pensiones reduzcan su posición en los activos más líquidos como valores del exterior y Bonos del Tesoro (14% de las inversiones de las AFP). Ello presionaría a la baja el valor de los bonos del Tesoro Público con el consecuente encarecimiento para las futuras emisiones, en un contexto de por sí bastante desfavorable y cuando el MEF prevé emitir más de S/ 10,000 millones en el periodo 2022-2025 para financiar el déficit fiscal.
Además, el aumento en las tasas de interés de los bonos repercutiría particularmente en las tasas vinculadas a los créditos hipotecarios, con efectos directos sobre el sector de la construcción. En el largo plazo, la preferencia por consumir hoy los recursos de las pensiones futuras ocasionaría una presión mayor sobre las cuentas fiscales, afectando su sostenibilidad.
En cuanto a los efectos macroeconómicos, más allá del indicado sobre el mercado de viviendas, si bien la medida busca liberar fondos generando mayor disponibilidad de recursos para fomentar un mayor gasto en consumo e inversión, este impacto sería transitorio y limitado.
Al respecto, el CF sostiene que esta medida solo llegará a los trabajadores formales que aún disponen de fondos de su AFP. Según la SBS, el 45% de los retiros anteriores de fondos de AFP fueron hechos por afiliados que trabajan y aportan regularmente. Esto demuestra que medidas de esta naturaleza no son focalizadas a personas que responden a alguna situación crítica en particular o a segmentos de la población con mayor vulnerabilidad. Por otro lado, la disminución del ahorro interno repercutiría negativamente en el frágil mercado de capitales peruano.
Por ello, el CF observa con preocupación que se haya aprobado una nueva norma de retiro de fondos del SPP, en contra de la posición técnica de los entes competentes, ya que debilita el sistema pensionario y constituye una medida que no está dirigida a personas que responden a alguna situación crítica en particular, generando impactos desfavorables en el corto, mediano y largo plazo.
En este contexto, y en línea con la posición de la SBS, el CF señala que medidas de esta naturaleza resultan contradictorias en el marco de una reforma integral del sistema previsional, y no se encuentran alineadas con el objetivo de ofrecer una vejez digna a los trabajadores. En tal sentido, el CF hace un llamado a revisar el sistema de protección social peruano, incluyendo en él un sistema pensionario que sea sostenible y que garantice ingresos mínimos para la vejez.
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