David Tuesta Cárdenas: “Si no hay consenso entre Ejecutivo y el Congreso, economía se recuperará en más de tres años”

Para el exministro de Economía y Finanzas (MEF), David Tuesta Cárdenas, la pandemia del COVID-19 tiene tal impacto en la economía peruana que demanda del país un consenso que asegure una recuperación en un menor tiempo posible. Solo de ese modo, anota, se evitará que la pobreza siga creciendo, considerando que se estima que en el 2020 se incrementará en 8%.

En diálogo con Correo, manifestó que ese consenso debe partir del Ejecutivo y el Congreso, sobre todo de este último poder del Estado, cuyas decisiones podrían generar más incertidumbre entre los inversionistas, lo que haría que los desempleos sean de larga duración y, por tanto, aumente aún más la pobreza.

Así las cosas, Tuesta asegura que si se consigue un consenso mínimo, la recuperación de la economía podría incluso tomar hasta tres años. Por ello, consideró de vital importancia que el Perú esté fortalecido para cuando se reabra la economía mundial, pues así nuestro país podrá marchar al ritmo del resto del mundo, sobre todo, de los Estados Unidos y China.

¿Qué opina de la norma que aprobó el Congreso para sancionar con la pena privativa de la libertad el acaparamiento y la especulación?

No sé, no lo entiendo. Si se cree que con una norma voy a controlar la especulación y el acaparamiento, se solucionará la especulación y el acaparamiento (ironía). Es decir, con señalar que haya precios bajos ¿se solucionará el problema? Esto no significa que el Estado no pueda buscar la mejor gestión de los precios, no estoy diciendo eso.

¿Qué significa gestionar los precios en un mercado como el del Perú?

No significa que se deba dejar que en determinados mercados sensibles, como es el de la salud y el de medicamentos, el precio tenga el valor que les dé la gana; esto tampoco debe ser así. Por supuesto, es el rol de Estado asegurar que determinados servicios y bienes lleguen adecuadamente a la población, sobre todo si son bienes de primera necesidad. Entonces, si es objetivo del Estado que un determinado bien, como el de los medicamentos, de determinados rubros, no falten y lleguen a la población a precios razonables, es mejor tomar una medida más inteligente, en la que el Estado asuma un rol más activo, como es la compra de estos productos, tal como sucede con varios países europeos.

En ese sentido, ¿qué le parece la medida del Gobierno de intervenir en el mercado de oxígeno, considerando que el producto se ha encarecido mientras la gente se muere?

Hay una situación crítica. Pero, si el Estado interviene, que no intervenga para limitar el precio, no es la medida que se espera. La medida es intervenir, de repente, realizando compras estratégicas, de repente centralizando, o haciendo algunos procedimientos para que los productos lleguen adecuadamente, reduciendo el margen de costos que tiene el privado. De repente puede entrar proveyéndolo directamente, puede ser una alternativa. Otra alternativa también, para muchos productos, es acceder a una mayor información, que haya más transparencia por parte de las empresas que puedan informar cuál es el costo de sus productos y a cuánto lo están vendiendo.

Pero hay quienes se resisten a informar sobre sus costos, tal como en la educación privada. ¿Sería conveniente?

Nadie les está diciendo: “Voy a controlar los precios”, solo se trata de pedirles que hagan transparentes sus costos, que provean información, saber qué margen se está colocando a sus productos. Por ejemplo, si alguien compra un medicamento parecido al ibuprofeno, que le costó 1 pero lo vende a 5, entonces se conocerá que se está llevando un margen de casi 400%. Entonces, que se conozca, que se sepa (la gran ganancia que está obteniendo ese alguien). Yo creo que una política que transparenta más la información y tiene medidas estratégicas funciona más que una ley que quiere desaparecer los problemas.

En esta emergencia sanitaria, las clínicas privadas y el mercado de medicamentos han elevado sus precios. ¿Considera que se está convirtiendo la salud en un gran negocio, en medio de una situación tan crítica como la que ha originado el coronavirus en el Perú?

Exactamente. Hay mecanismos para sancionar ciertos comportamientos, como en este caso, que ha sucedido con el tema de las pruebas gratis y que algunas clínicas las han cobrado.

Entonces, ¿debería haber una sanción para este tipo de conductas?

En este caso hay una evidente situación de un aprovechamiento de los límites de la regulación. Obtener algo que no cuesta nada para luego ofrecerlo a un determinado precio es algo que, evidentemente, debería corregirse, debería de tener algún tipo de sanción, o algún tipo de cuestionamiento. Tiene que confirmarse (la sanción) con una regulación. El acto mismo escapa a la situación en la que se encuentra el país. Debemos movernos, de forma pendular, a normativas relacionadas con el tema de la provisión.

En ese sentido, ¿qué sería lo mejor para evitar casos como los que se registran en plena situación de crisis en el Perú?

La forma más eficiente de cómo garantizar los productos y los servicios a la población no es, fundamentalmente, a través de la ley; lo que tiene que hacer la ley es fomentar que lleguen de forma eficiente. No porque se diga, o se establezca, que no quiebre ninguna empresa significa que no van a quebrar la empresas; es imposible, por más que se prohíba.

Entonces, ¿qué es lo más recomendable en este caso?

Más allá de esa norma, está faltando un sentido común a las leyes que está aprobando el Congreso. Se reconoce que el Congreso tienen las mejores intenciones, pero, al final, los resultados van a terminar siendo malos. No se piensa cuál es el mejor mecanismo para llegar a un buen resultado. Se puede tener una ley muy altisonante, con los títulos más bonitos, pero, solo va conseguir plasmar esas buenas intenciones y no aportará la solución que la gente espera.

Un representante del BCP dijo a inicios de semana que el Congreso puede tener buenas intenciones, pero sus dictámenes pueden representar un gran riesgo para la recuperación económica del Perú.

Totalmente de acuerdo con ese planteamiento. Yo creo que el Congreso es uno de los mayores riesgos de cara al año 2021. En general, se requiere un consenso mínimo entre el Ejecutivo y el Congreso para, por lo menos, avanzar puntos, de forma consciente, en favor de la recuperación económica y que el desempleo se reduzca paulatinamente.

¿Cómo se enfocaría ese consenso entre los dos poderes del Estado para conseguir mejores resultados en menor tiempo?

Primero, se debe salvar la situación pandémica que estamos enfrentando de cara a la reactivación económica. Segundo, debemos enfocarnos en retornar, con relativa certidumbre, al camino que se tenía para llegar al 2021; esto va tomar su tiempo en la mejor situación. Pero, en la peor situación puede tomar muchos más años.

¿Considera difícil que se pueda llegar a un consenso entre el Ejecutivo y el Congreso?

Si se llega a un consenso mínimo de acciones, de reformas que reduzcan el populismo y esté orientado a que las empresas funcionen, que generen empleos, que mueva la demanda, podemos estar saliendo, quién sabe, en tres años. Con toda honestidad, estimo que demorará unos tres años. Sin embargo, si cada quien hace lo que quiere, peleándose, sin llegar a acuerdos, podríamos estar tomando más de tres años.

¿Si no hay consenso puede demorar más de cinco años la recuperación de la economía peruana?

Vamos a entrar a una situación más complicada, con populismo; podemos terminar en cualquier lado. El número (de años) es indeterminado, con consenso mínimo, es decir, con una menor incertidumbre, estaremos orientándonos al crecimiento que se tuvo antes de la pandemia. Pero no hay que olvidar que vamos a salir a competir con todo el mundo, nuestra economía depende de cómo se mueve el mundo, principalmente de los Estados Unidos y China.

Claro, todos los países querrán colocar sus productos en los principales mercados del mundo, la competencia será muy grande y el Perú debe estar preparado, ¿verdad?

La salida final no solo dependerá del Perú, va a depender de cómo salen los demás países. Entonces, el tema va depender de cómo saldrán Estados Unidos y China, principalmente. Por ello es importante que Perú esté con su fortaleza de siempre, para estar a la par del resto de países. Pero si nosotros nos detenemos en estar peleando por mezquindades políticas, en esos tres años en que podemos ir al ritmo del resto de países, nos podemos quedar atrás. Nos quedaremos atrás por depender del nivel de normativas que se establezca y de las decisiones que se tomen.

Por las medidas que toma el Congreso, ¿cuánto se incrementaría la pobreza?

Es difícil precisarlo por medidas, yo diría más que sería por el crecimiento económico que se consiga. Con la caída del crecimiento económico, que se dice será de 10%, la pobreza crecerá alrededor de 8% El tema acá es ¿cuál es la reducción siguiente? Claro, no significa que si este año se cae 10%, el otro año se caerá también 10%, porque habrá un efecto rebote (crecer en comparación de una tasa muy baja); seguro se podría crecer 3% o 4%, va a depender de cómo se plantea la recuperación de la economía.

Preocupa lo que dice sobre la recuperación. Entiendo que todo depende de un manejo político muy fino, ¿verdad?

De cómo se plantea la recuperación. Pero podríamos estar hablando de que si no se logra esa vuelta de la recuperación, esta caída podría ser permanente; es decir, que ese retroceso que se ha tenido (por la pandemia) no se vuelva a recuperar. Ese es el daño que se puede tener. Eventualmente, se puede perder un poco más, ¿qué tanto?, ya no lo sé. Pero se corre el riesgo de acentuar el retroceso en la pobreza.

Así las cosas, ¿en 2020 la pobreza aumentará 8%? Sí, en el transcurso del 2020 al 2021 se hablaría de un aumento en 8% de la pobreza.

Por ello,¿es importante que haya consenso para que la recuperación sea más rápida? Exactamente, que se evite que el desempleo actual sea de larga duración y que los más vulnerables caigan en pobreza por largo tiempo.

Perfil

David Tuesta Cárdenas

Economista. Estudió economía en la Universidad Católica del Perú. Es magíster en Asuntos Públicos de la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) y profesor de Economía de la USIL, Católica y la de Lima