Cabe mencionar, que la compañía estadounidense Global Investments Group (GIG) ofrecía vender cada tonelada de urea US$ 100 más barato. (Foto: GEC)
Cabe mencionar, que la compañía estadounidense Global Investments Group (GIG) ofrecía vender cada tonelada de urea US$ 100 más barato. (Foto: GEC)

Este domingo el programa Contracorriente difundió audios que demostrarían que hubo una coima de por medio en la licitación otorgada por AgroRural, que era dirigida hasta hace poco por Rogelio Huamaní Carbajal, a favor de la empresa brasileña MF Fertilizantes para la compra de 73,000 toneladas de urea.

Según una de las grabaciones, la compañía habría entregado más de US$ 55 millones para obtener la licitación. De este monto, el 15% (US$ 8.25 millones) era parte de la coima para los funcionarios, los cuales facilitaron que MF Fertilizantes sea elegida como proveedora el pasado 11 de junio.

Cabe mencionar, que la compañía estadounidense Global Investments Group (GIG) ofrecía vender cada tonelada de urea US$ 100 más barato, de acuerdo a una nota de .

“Ya se ha determinado que es 10 adentro y 5 fuera, o sea, de los patas de los gestores, de ellos, está el asesor legal, está el asesor del ministro y todo lo demás. (…) Como supuestamente el ministro no pinta para nada acá, así que los 10 que eran del ministro no se está tocando, o sea, 15 queda en nuestro poder”, se escucha en el audio.

Además, se menciona que “se ha comprometido ya a la gente del comité, la gente que es el jefe de AgroRural, cada uno se va a llevar lo suyo”.

En otro audio se escucha a las personas acordar la hora en la que iban a ingresar la propuesta de MF Fertilizantes y asegurarse así el cobro de la coima. La grabación señala que luego de las 11 de la noche del 10 de junio, se iba a saturar el sistema para que ninguna otra oferta ingrese.

“Vamos a manejar información de adentro, hasta las 10:30 p.m. de la noche vamos a tener tiempo ya para nosotros ingresar y, después de las 10:30 p.m. u 11:00 p.m., ya se va a saturar el sistema y nadie más va a entrar”, se oye.

Daniel Moscoso Vargas, miembro del comité evaluador y una persona con investigaciones fiscales por delitos contra la administración pública como cohecho, peculado, entre otros, era el encargado de revisar las propuestas.

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