Formarán fondo con recursos del canon, sobrecanon y regalías

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dispuso que los recursos provenientes del canon y sobrecanon, regalías y rentas de aduana de los gobiernos regionales se canalicen a cuentas bancarias de fideicomisos constituidos en el Banco de la Nación.

Según una norma de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP), ello se hará únicamente en los casos en que los gobiernos regionales hayan contraído compromisos financieros en el marco de los contratos de concesión que suscriban.

Precisó que se autorizará la transferencia de esos recursos a las cuentas que se denominarán "Recursos Determinados" de los gobiernos regionales.

Ambiental. De otro lado, dentro de las medidas enviadas al Congreso, el Ejecutivo propone reducir las multas ambientales.

Plantea que, por un plazo de tres años, las multas que imponga el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no sean mayor al 35% del valor que tienen ahora.

Según el Ejecutivo, la OEFA, entidad que tiene competencia para imponer sanciones ante el incumplimiento de obligaciones ambientales, reorientará sus funciones.

Así, durante tres años privilegiará la prevención y corrección de infracciones antes que su función de imponer multas y sanciones a las empresas. La multa será el segundo paso ante un reiterado incumplimiento.

Pero se indican tres excepciones para una menor multa, como cuando la infracción es muy grave, que genere daño real y muy grave a la vida y la salud de las personas.

Compra estatal. De otro lado, el Ejecutivo pide al Congreso, mediante un proyecto de ley, modificar la Ley de Contrataciones del Estado, siendo uno de sus objetivos evitar la demora en el pago a los proveedores estatales.

Según el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), las entidades estatales demoran en promedio 13 y 14 días para emitir la conformidad de pago, y 28 y 30 días para hacer el pago respectivo al proveedor.

Según la propuesta, en caso de retraso en el pago, salvo por caso fortuito o fuerza mayor, la entidad pública reconocerá al contratista los intereses legales correspondientes, pero buscará la forma de recuperar el gasto adicional con los funcionarios responsables del retraso.

La medida de recuperación pretende poner fin a tales retrasos, los cuales se constituyen en una de las principales causas de la negativa de los proveedores, especialmente las micro y pequeñas empresas (mypes), a participar en los procedimientos de selección, así como del incremento del costo de las contrataciones.