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En diálogo con Correo, el contralor general de la República, Fuad Khoury, mostró su desencanto porque hasta la fecha no se ha dado una sanción efectiva contra funcionarios corruptos, pues ninguno pisó la prisión.

Refirió también que en los últimos 14 años no ha habido una voluntad política, desde las más altas instancias, para combatir la corrupción en el país.

Competitividad. Contralor, ¿lleva un mensaje para los empresarios que asisten a CADE?

Es muy importante que CADE haya incorporado el tema de corrupción como punto principal porque está demostrado que la corrupción atenta contra la competitividad de las empresas. Estudios del Banco Mundial indican que el costo de la corrupción aumenta entre 10% y 20% el costo de hacer negocios en el mundo, incluyendo el Perú. Ese costo adicional impide que empresas con alta sensibilidad de responsabilidad social corporativa ingresen al mercado.

La parte débil es liderazgo y también el sistema político débil. Se observó en las últimas elecciones que los partidos políticos cedieron a los movimientos regionales. Si un partido político tiene un presidente regional que no hace bien las cosas, le jalará las orejas porque cuida su prestigio e imagen. En cambio, los movimientos regionales o unipersonales no tienen compromiso con nadie, solo con ellos mismos. Es allí donde el financiamiento de los partidos políticos, el lobbismo y una serie de factores hacen que lleguen a puestos claves que generan luego casos de corrupción. Además, no se nota que el Estado en su conjunto asuma el liderazgo en la lucha contra la corrupción. En la medida que no haya un compromiso de autoridades en general será difícil combatirla. El problema en un país en desarrollo es que hay una suerte de trabajo vertical y no transversal; es un problema social porque la cultura que se está instalando en el país es de deshonestidad.

¿El liderazgo debería partir del presidente de la República?

Para un gran problema como es la corrupción se requiere decisión del más alto nivel, partiendo del presidente de la República, porque dirige los destinos del país; de los presidentes regionales.

¿Observa que hay voluntad en el Presidente en la lucha contra la corrupción?

No quiero eludir la pregunta, pero quiero mencionar con claridad que en los últimos 14 años no he visto una decisión política del más alto nivel para enfrentar problemas de la gravedad como la corrupción; la competitividad se afecta fuertemente. Los índices de los foros económicos internacionales indican que estamos bien en la parte macroeconómica, pero en la parte institucional estamos mal. Hemos llegado a situaciones extremas en las que la Contraloría detecta casos de corrupción grande, fuerte, pero la critican porque no redactó bien la nota de prensa y dirigen la puntería contra el Contralor mientras se están perdiendo millones de soles.

¿Puede valorizar esas pérdidas económicas?

En nuestras auditorías detectadas y denunciadas hemos encontrado pérdidas por S/.800 millones en perjuicio económico para el Estado, durante mi gestión, en los últimos cuatro años y medio. Por ello valoro mucho la decisión del empresariado de incorporar la corrupción en CADE porque les afecta directamente. A los empresarios hay que decirles que la corrupción debe ser enfrentada de la mano con el sector público.

¿Tiene suficiente auditores?

Desde el 2009 empezamos a ver una serie de debilidades en la Contraloría que hacía frágil la lucha contra la corrupción. Es cruel, pero más del 70% del sistema nacional de control está pagado por los titulares de las instituciones a controlar. Cuando se habla de un ente autónomo e independiente, creo que es una palabra fuerte para nosotros, pues nuestro personal es pagado en su mayoría por los ministerios y presidentes regionales; es decir, es fácil de amedrentarlos, de despedirlos, de manipularlos. En el 2010 se promulga la Ley 29555, que ordena la transferencia de todo el personal, pero de las 4 mil personas solo pasaron poco más de 300 a la Contraloría.

¿Pero necesita más presupuesto?

Pedimos que nos transfieran los recursos de las entidades desde donde fueron transferidos para incorporarlos y ponerlos en planilla y hacerlos sentir cómodos en sus puestos para luchar contra la corrupción. Sin embargo, no se da. La presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, ha prometido apoyar en este tema, considerando que ese 70% de auditores implica S/.170 millones. Necesitamos, para comenzar, que se nos transfiera 1500 auditores para fortalecer a la Contraloría y hacerla fuerte y resistente a la corrupción.

En las municipalidades. Son 3300 entidades públicas y la Contraloría, en su planilla, tiene 1500 auditores; tengo menos de medio auditor por entidad. Entonces hay una situación muy preocupante. Se tiene un país que crece, con aumento de la corrupción; con una Contraloría con recursos limitados. Ahora nuestra metodología busca prevenir que se consume la corrupción.

Pero muchos casos no han tenido sanción efectiva.

Vemos con preocupación que nuestros casos exitosos terminan con una sanción con sentencia de cuatro años, sin pena privativa de libertad; aquí hay una debilidad en la legislación peruana de lucha contra la corrupción. Puedo afirmar tajantemente que no hay sanción efectiva para los corruptos de saco y corbata, para funcionarios malos, no han pisado la cárcel.

¿Se manejan porcentajes de coimas?

Las autoridades corruptas piden entre el 10% y el 15% del costo total de la inversión que se destina para una obra. Si es alto el monto, se llevan una gruesa suma a sus bolsillos.