Ley de Promoción Agraria: Piden identificar a las empresas que incumplen y sancionarlas ejemplarmente

En medio de protestas en Ica por parte de trabajadores de empresas agroindustriales reclamando mayores derechos, el Congreso de la República acordó hoy miércoles incluir en el debate del Pleno la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria.

¿Qué aspectos de esta ley tendrían que ser revisados o afinados por parte del Ejecutivo? El exministro de Agricultura, Juan Manuel Benites, comentó que en principio hay que señalar que esa norma se cambió con el Decreto de Urgencia en julio pasado, haciendo ajustes al régimen anterior, que data del año 2000.

“De 15 días de vacaciones se pasó a 30, se incluye un sueldo más de remuneración por las vacaciones, pasaron a tener 5% de participación en utilidades, la CTS están contempladas en la remuneración diaria, tienen acceso al SIS, y se cambió el tema de la remuneración mínima”, señaló el especialista.

Precisó que con estos cambios, gradualmente se está acercando y alineando con la ley general. Por lo que es factible hacer ajustes en el mismo sentido, pero no necesariamente ir al extremo de eliminarla, porque es una norma que ha traído grandes beneficios, en temas de formalización del empleo.

Para Benites, lo primero que se debe hacer es conocer cuál es el alcance de la norma y hacer un sinceramiento de qué empresas vienen cumpliendo. Porque la norma siempre se puede mejorar, pero aquí hay un tema de fiscalización, hay empresas que a pesar que hay normas que protegen al trabajador, precarizan el trabajo incumpliéndola, mencionó.

Añadió que “por eso están reclamando las personas con justa razón. Lo que hay que hacer es identificar a esas empresas y sancionarlas ejemplarmente”.

El economista apuntó que se está afectando a un grupo muy pequeño de la agricultura del país, ya que la agroexportación se realiza prácticamente en 250 mil hectáreas, y la mayoría de la mano de obra del sector agrario es informal. Por lo que dijo que es necesario poner en contexto, porque por un lado está este grupo de empresas formales, que puede mejorarse, y lo otro es absolutamente nada de derechos.

Por último, Benites hizo notar que hay un aprovechamiento sistemático de este tema. “Creo que hay empresas malas, y empresarios que le hacen daño al esquema de beneficios para promover la agricultura de exportación. Pero también hay un aprovechamiento de políticos en campaña y eso me parece muy mal”.

VALOR COMPARTIDO

La jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, Alexandra Ames, por su parte, expresó que la Ley de Promoción Agraria surge de la necesidad de un interés común declarado de promover el agro y particularmente la agroindustria para generar mejores niveles de producción, de competitividad, de exportación, y por lo tanto, crecimiento económico y mejorar los indicadores de empleo.

“De alguna manera el crecimiento de la agroindustria formal ha beneficiado a las personas respecto al empleo y al incremento de los ingresos. Pero esto no es suficiente, porque lo que se ve es que el agro ha venido creciendo sostenidamente y esto no ha influido en el reconocimiento de mayores derechos o mayores ingresos en los agricultores. Como en el caso de gratificaciones y utilidades, que son menores en el caso de las empresas formales”, sostuvo.

Para Ames, aquí se puede aplicar el concepto del valor compartido, desarrollado por Michael Porter. Sostiene que en las empresas para generar una adecuada competitividad, no solo se debe apuntar al crecimiento económico de los socios, sino que se debe permitir que este crecimiento vaya acorde con el bienestar de la comunidad donde se ejerce esta empresa.

“Porter dice que a las empresas no les podrá ir bien de manera sostenible si al final pierden legitimidad con la comunidad. Si la empresa prospera mientras que la comunidad pasa por dificultades, se van a generar conflictos. Es importante no solo por filantropía, sino por estrategia, el poder ser conscientes de no generar esta brecha entre el crecimiento de los accionistas y los trabajadores”, puntualizó.

En esa línea, hay que alinear el éxito de la empresa con el éxito de la comunidad, dijo. Para ser competitivo en el siglo XXI no solo basta con generar valor económico, sino también aportar en lo social y ambiental. Sin afectar los recursos futuros y reconociendo no solo a la comunidad, sino a los trabajadores como eje fundamental de la cadena de valor de toda empresa.