El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (Foto: GEC)
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). (Foto: GEC)

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo su proyección de expansión económica para este año a un 3.3% desde un 3.6% previo, mientras la nación enfrenta una agitación política, mayor inflación y la caída de precios de los metales.

La revisión a la baja se produjo principalmente por “choques de oferta transitorios” que han afectado el desempeño de los sectores primarios en la primera mitad del año; y por las condiciones externas desfavorables ante la ralentización de la demanda externa, dijo el MEF en un informe.

Para el 2023 espera un crecimiento de 3.5%, similar a su pronostico anterior, debido a una disipación de los conflictos sociales en el sector minero, que permitirá una mayor producción de cobre, gracias a la normalización de operaciones de la mina Las Bambas, de la china MMG Ltd, y al inicio este año de las operaciones de Quellaveco de Anglo American.

Producción de cobre.

El país andino, que sufre de constantes conflictos mineros, vio cómo la producción en Las Bambas se paralizó desde la segunda quincena de abril hasta principios de junio por protestas de las comunidades indígenas.

A los conflictos mineros se han sumando protestas contra el Gobierno por el aumento de los precios del combustible y los alimentos a raíz de la guerra en Ucrania, que han disparado la inflación local a su nivel más alto en 25 años.

Según las nuevas proyecciones macro del Ministerio de Economía, publicadas en el diario oficial y claves para elaborar el proyecto de presupuesto público para el 2023, Perú registrará este año un déficit fiscal de 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI), similar a su estimación de fines de abril.

Déficit fiscal

El ministerio estimó además que el país anotará en el 2022 un superávit comercial de US$ 12,552 millones y el próximo año una balanza comercial positiva de US$ 12,291 millones; ambas cifras muy menores frente a las estimaciones previas.

La revisión de las proyecciones se produce en momentos en que el presidente izquierdista Pedro Castillo ha reorganizado parcialmente su gabinete por segunda vez en menos de tres semanas, mientras encara una ola de investigaciones de presunta corrupción que involucran a su propia familia.