Para el ex viceministro de Energía, Arturo Vásquez, no es pertinente que el Estado ingrese a la exploración y explotación de gas natural (GN) y de petróleo porque es un negocio de muy alto riesgo.
Agregó que es de muy alto riesgo aún en un contexto como el que se tiene en la actualidad, en el que se está acelerando la transición energética en la que recursos como el petróleo y gas están teniendo competencia.
El riesgo está, según manifestó, en que el Estado comprometerá muchos recursos, cuando su prioridad debe ser atender la emergencia sanitaria ahora que se habla de una tercera ola por avance de la variante Delta.
“Además, se debe preocupar más en construir obras de infraestructura para beneficiar a los más vulnerables”, comentó.
Añadió que es una tarea que la hace mejor una empresa privada con experiencia, arriesga sus capitales sobre la base de su experiencia.
Además, según dijo a Correo, en la actualidad hay cambios muy drásticos en el mercado energético, que están incidiendo en los precios.
“Se está dando una transición energética en la que las energías renovables están representando una gran competencia”, explicó.
En ese sentido, recordó que hace unos 15 años, el gas de Camisea tenía una buena cotización y era atractivo para ciertos mercados como el chileno, pero como el país sureño está apostando por las energías renovables, va perdiendo el interés.
Impuesto. Explicó que las empresas que participan en el negocio gasífero tienen comprometidas hasta el 75% de sus ganancias por impuestos, regalías y otros conceptos.
Vásquez explicó que el Consorcio Camisea, que explota los yacimientos del mismo nombre paga una regalía de 37% (pago por el gas que extrae de los pozos).
Comentó que en la actualidad los negocios de petróleo y de gas no son rentables.
“Cuando el Estado toma un activo, no tiene la capacidad suficiente de gestionar; sólo se limita a operar los lotes, y si lo hace con un contratista, no se invierte en exploración para reponer reservas y, cuando se agoten, no se tiene nada para explotar”, indicó.
Refirió que, en el caso de Bolivia, el Estado se limita a operar los pozos gasíferos, no está invirtiendo para reponer reservas. “En cuatro años más, el país altiplánico no tendrá reservas que explotar. Por eso es mejor que el negocio petrolero y gasífero se lo deje a los privados que quieren arriesgar, pero que tienen experiencia”, comentó.