La odisea llamada Proyecto de Modernización y Ampliación de la Refinería de Talara tiene su origen en la Ley No. 28694 que se publicó en marzo del 2006. Esta norma obliga -desde el 2010- que el petróleo, diésel 2 (D2) que se vende en el país contenga azufre no mayor a 50 partes por millón (ppm).
La ejecución de ese proyecto demandó, hasta el 31 de diciembre de 2022, una inversión de $5 994 673 millones, según el informe de auditoría del estado financiero de Petroperú que efectuó PwC.
Sin embargo, esa megainversión ha puesto en una delicada situación a la petrolera estatal porque quedó endeudada y tiene problemas para cumplir con sus obligaciones.
Contra la opinión de los expertos, Petroperú cree que podrá revertir su situación con la puesta en marcha al 100% de la refinería.
Extinción. Al respecto, el congresista Carlos Anderson dijo a Correo que la inversión en la refinería de Talara es un monumento al desperdicio.
“Estamos hablando de una inversión que supera los $6 mil millones en una industria del pasado. Hoy en día el petróleo refinado y otros combustibles se está importando porque no somos un país productor de petróleo, no cubrimos, creo, ni el 10% de la demanda nacional, somos importadores netos”, anotó.
Señaló que las refinerías están en una industria que está en camino a la extinción.
“En unos 20 años, seguramente ya no habrá industria petrolera, tampoco de refinería porque los autos eléctricos estarán por todas partes”, comentó.
Anderson manifestó que es terrible ver tanta inversión en una industria que está destinada a morir.
“Se hizo una inversión de gran dimensión sin ningún tipo de acompañamiento para el desarrollo de toda la zona de influencia como son Talara, Piura, entre otras localidades”, acotó.
En esa línea, el también economista señaló que con toda la inversión que se ha efectuado en la refinería de Talara se pudo hacer obras de gran impacto en la población, principalmente en agua, desagüe, energía eléctrica e internet.
Responsable. En ese sentido, recordó que tal inversión “fue impulsada por el señor (Humberto) Campodónico”.
“Creo que debería ser identificado claramente como el gran culpable, juntamente con la administración del señor Ollanta Humala, de haber desperdiciado los pocos recursos que tiene el Estado peruano”, comentó.
A su vez, el expresidente de la Confiep, Roque Benavides, cuestionó tener una nueva refinería de Talara que costó $7 mil millones y no haya exploración petrolera, no se tenga petróleo para alimentar la refinería.
“Creo que son $7 mil millones que han podido ser invertidos en escuelas, hospitales, pudo invertirse mejor”, aseveró.
En esa línea, consideró que ahora el país tiene el reto de promover la exploración petrolera.
“La gente cree que en Perú ya no hay más petróleo, pero en Ecuador y Colombia sí hay petróleo, en el límite con Perú. ¿Como no va haber petróleo en el Perú? Claro que hay y creo que hay que fomentar también la exploración. Todo suma si es que se quiere luchar contra la pobreza”, aseveró en una entrevista con Canal N.
Lluvia de millones. César Gutiérrez, expresidente de Petroperú y especialista en hidrocarburos, recordó que en marzo de 2013, durante la presidencia de Humberto Campodónico en Petroperú, la empresa Técnicas Reunidas (TR) de España, que había ganado la buena pro para hacer ingeniería con derecho a construcción, presentó el costo del EPC (gerencia de proyecto y supervisión, adquisición de tecnologías e ingeniería procura, y construcción).
“Técnicas Reunidas (TR) presenta el costo del EPC, señalando que ascendía a $2 700 millones. Sin embargo, ya había un costo adicional de $1 300 millones por ingeniería, supervisión, licencias de tecnologías y estudios ambientales, es decir, a esas alturas el costo ya ascendía a $4,000 millones”, anotó.
Agregó que Campodónico hizo una serie de consultas a nivel técnico y político, lo que hizo que el gobierno de Ollanta Humala promoviera la Ley 30130, que fue desarrollada por el ministro Luis Miguel Castilla y su jefe de gabinete de asesores, Alonso Segura.
La Ley 30130 declaró de necesidad pública e interés nacional la prioritaria ejecución de la modernización de la Refinería de Talara.
“En mayo de 2014, cuando Héctor Reyes era presidente de Petroperú, se firmó el contrato del EPC con Técnicas Reunidas de España y se tomó un crédito puente por $500 millones (para iniciar la ejecución del EPC). “En esas condiciones se avanzó hasta el 2017″, recordó Gutiérrez.
Necesario. Siguiendo el hilo de los costos de inversión, Gutiérrez explicó que el proyecto debía cumplir la Ley 28694, que exigía quitar azufre de los combustibles, lo que obligó a las refinadoras que operan en el Perú a adecuar sus plantas y a hacer una fuerte inversión.
En 2006, prosiguió, el diésel que producían Petroperú y la Refinería La Pampilla S.A. (Relapasa), de Repsol, contenía 5,000 partes por millón (ppm) de azufre. Se necesitaba reducir a 50 ppm.
“Por esa razón, ambas empresas se plantean desarrollar proyectos para hacer las adecuaciones en sus respectivas planta y así poder hacer el proceso de desulfurización y cumplir con la Ley 28694″, precisó el experto.
Primer paso. Gutiérrez recuerda que en agosto del 2006, cuando Alan García volvió al gobierno, en Petroperú se dio el primer paso para cumplir con la norma.
“Petroperú había heredado unos cálculos preliminares que estimaban la inversión en desulfurización en $300 millones. Era una proyección sin mayor detalle”, señaló.
“En diciembre del 2006, cuando estaba como presidente de Petroperú, se hizo un segundo estimado del costo de desulfurización y se determinó que el costo de $300 millones se hizo solo con ingeniería conceptual y, de acuerdo a las reglas de estimado de costos, tenía un margen de error del 100%, es decir que el costo podría llegar a $700 millones”, explicó Gutiérrez.
Así los costos se fueron incrementando hasta bordear los $6 mil millones.
