La Comisión Multipartidaria del Congreso aprobó la semana pasada el proyecto del Sistema Integrado Universal de Pensiones. (FOTO: GEC)
La Comisión Multipartidaria del Congreso aprobó la semana pasada el proyecto del Sistema Integrado Universal de Pensiones. (FOTO: GEC)

Por Javier Artica

Luego de que la Comisión Multipartidaria del Congreso aprobara el proyecto del Sistema Integrado Universal de Pensiones (SIUP) para que sea manejado por el Estado, la propuesta sigue generando rechazo de diversos especialistas al asegurar que perjudicará a los actuales afiliados a las AFP.

En recientes entrevistas, como defensa del proyecto de ley, la titular de la comisión Carmen Omonte afirmó que gran parte de las propuestas son recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo de la que Perú aspira ser parte.

Como se recuerda, la OCDE propuso conservar el sistema público de reparto (ONP) y el sistema de capitalización de cuentas individuales (AFP), pero con un rediseño en el sentido que se complementen entre sí. En un estudio que hicieron señalaron que el nuevo sistema complementario deberá definir cómo se debe dividir la actual contribución del 10% de los salarios entre el sistema público y las cuentas individuales administradas por las AFP.

El organismo sugirió que, inicialmente, las nuevas tasas de aporte se ubiquen entre 2.5% y 3% para la ONP, y entre 7% y 7.5% para el Sistema Privado de Pensiones. Es decir, que para los afiliados a las AFP alrededor del 3% de su aporte mensual iría a la ONP. Mientras que los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones tendrían que llevar un 7% de sus aportes a una de las cuatro AFP que operan en el país.

Al respecto, Juan José Marthans, exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), sostuvo que las propuestas del estudio de la OCDE son una buena alternativa para la reforma del sistema de pensiones, pero se tiene que acoplar a la institucionalidad actual peruana.

“Si eso propone para Suiza, Alemania, estoy de acuerdo, pero con el desajuste político e institucional del país generar esos cruces de aportaciones abre la puerta que cualquier gobierno haga lo que quiera con la participación del pilar solidario por partes de los que tienen cuentas individuales”, comentó.

Puso como ejemplo si es que hoy un afiliado es solidario con un 3%, pero luego ese monto sube para ser solidario con los que no pudieron ahorrar lo suficiente. “En otros países hay credibilidad, pero acá quién me garantiza”, indicó.

“Tanto la ONP y AFP están en línea con lo que dice la OCDE. Si se les da a ellos lo que realmente proponen en la norma del Congreso se les paran los cabellos de punta porque la propuesta no es completa y ni siquiera saben cuánto es el aporte al régimen solidario”, detalló.

En este sentido, Marthans indicó que quisiera una reforma sustancial de pensiones que incremente la oferta de mercados individuales y genere mayor competencia.

“No discuto de generar un sistema integral, pero lo que se tiene que evitar es que la administración comprometa a los fondos de las cuentas individuales “, precisó.

CUIDADO CON LOS FONDOS

Para Enrique Díaz Ortega, exsuperintendente de las AFP, la propuesta que lidera Carmen Omonte es inoportuna y es un error poner en manos del Estado la canalización de los recursos.

“Somos un país con una institucionalidad débil, alienable y que se puede distorsionar desde el lado político, porque la tentación del dinero está a la vuelta de la esquina”, refirió.

Asimismo, Díaz mencionó que la transición ha sido muy poco analizada y que los afiliados pueden perder en ese cambio. “Hacer una transición demora tiempo por los procesos, cuadros técnicos, así que en ese ínterin pasará con los fondos que le diste a una OPP (Organismo Público de Pensiones), que ni siquiera sabrás dónde está ubicada”, explicó.

Con respecto a los Fondo de Riesgo Compartido (FRC), el también socio fundador de MC&F manifestó que el monto para los que no han ahorrado lo suficiente debería salir del Estado.

“Siempre he creído en la solidaridad, pero no con los que están pensionados. Es así que el Estado está obligado a montar un esquema de pensiones mínimas para dar recursos a los que no tienen ahorro, pero deben salir de sus arcas”, puntualizó.

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