ANIN solo ejecutó el 36% del presupuesto de sus proyectos más antiguos. (Foto: Referencial)
ANIN solo ejecutó el 36% del presupuesto de sus proyectos más antiguos. (Foto: Referencial)

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) solo ha ejecutado el 36% del presupuesto destinado a sus proyectos más antiguos, pese a que el país enfrenta una creciente amenaza por un posible Fenómeno El Niño (FEN) costero de fuerte intensidad y el riesgo permanente de un gran terremoto. Este escenario vuelve a evidenciar las limitaciones del Estado para prevenir y reducir el impacto de los desastres naturales.

De acuerdo un reporte del diario El Comercio, entre 2015 y 2024, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) registró más de 57 mil emergencias de origen natural que afectaron a 9,5 millones de personas, además de 1,2 millones de viviendas, 6 mil puentes y 32 mil kilómetros de carreteras.

Las lluvias intensas concentraron el 40% de estos eventos y fueron responsables de la mayor parte de los daños, mientras que la alerta por un posible FEN costero incrementa el riesgo de nuevas afectaciones hasta inicios del 2027.

La vulnerabilidad del país también está relacionada con el deterioro de la infraestructura. El 77% de las viviendas son informales y presentan graves deficiencias en pisos, techos y paredes. Asimismo, cerca de 27 mil colegios requieren ser reemplazados por completo, una brecha que, al ritmo actual de inversión, tardaría alrededor de 24 años en cerrarse y más de cinco décadas en algunas regiones amazónicas.

En materia presupuestal, el informe advierte que los recursos destinados por habitante para la zona norte del país son casi 30% menores que el promedio ejecutado en la última década. Además, aunque el 75% de las obras de la ANIN se inició antes de 2023, el avance financiero apenas alcanza el 36%, pese a contar con mecanismos especiales de contratación.

Ante este panorama, especialistas alertan que el Perú afrontará el próximo FEN y un eventual terremoto con importantes brechas en infraestructura y una baja capacidad de ejecución pública, por lo que consideran indispensable que el próximo gobierno priorice la prevención de desastres y acelere las inversiones para reducir la vulnerabilidad de la población.

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