UIF: Supervisión de casas de cambio evitará que se lave dinero mal habido

Cualquier persona puede abrir una casa de cambio porque solo necesita la licencia de funcionamiento de la municipalidad del distrito donde abrirá el negocio, dijo a Correo el director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, quien considera que esta situación las hace vulnerable al lavado de dinero.

“Si se quiere poner una casa de cambio, lo único que se hace es alquilar un local, sacar el permiso de la municipalidad, que entrega la licencia y listo; no importa que el dueño haya salido de la cárcel o que tenga un familiar condenado por narcotráfico”, indicó al señalar que esto es posible porque la ley no lo prohibe.

¿Quién? Espinosa refirió que en casi todos los países, las casas de cambio son reguladas por el Banco Central de Reserva (BCR), tal como era en Perú hasta los años 80, luego se liberó su supervisión y la tenencia de dólar.

Dijo que su entidad, adscrita a la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), tuvo una iniciativa para regular las casas de cambio y solo logró, desde el 2012, convertirlas en sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas a la UIF.

En Perú, dijo nadie sabe cuántas casas de cambios hay, por lo que es complicado supervisarlas. “El interesado en abrir una casa de cambio debería ir al BCR o la SBS para pedir una autorización, que tome en cuenta quién es la persona del negocio, de dónde viene del dinero”, indicó.

Dijo que no hay una posición de la SBS para regular esos establecimientos. “Es complicado trabajar en un entorno (de no saber cuántas casas de cambio hay). Tampoco es posible que la SBS asuma la supervisión de sectores que tienen otros matices que no son necesariamente financiero”, explicó.

Espinosa dijo que para respaldar el trabajo de la UIF se necesita que el Congreso apruebe otorgarle facultades para abrir el secreto bancario y tributario de quienes tienen desbalance entre sus ingresos y egresos.

Lavandería

Asbanc señaló que entre el 2007 y 2016 se lavaron activos por más de $12,901 millones en Perú: El 42% por tráfico ilícito de drogas y 34% por minería ilegal.