Trece funcionarios arequipeños se aprovecharon de la pandemia de la COVID-19

Desde que la pandemia llegó al país, el gobierno decretó el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional y con ello dio carta abierta para que los gobiernos regionales y locales utilicen sus recursos para garantizar la atención de los infectados y el fortalecimiento de los centros de salud. Si bien es cierto la medida ayudó a mitigar el contagio, también favoreció a hechos de corrupción en diversas instituciones públicas del país.

Es así que, en el informe de control a la Emergencia Sanitaria por la COVID-19 que hizo la Contraloría General de la República durante el periodo 2020-2021, encontró responsabilidad civil, penal y administrativa en 1,183 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional. En Arequipa son 13 los responsables.

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El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, informó durante su presentación en la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Desastres del Congreso que el órgano de control realizó 15 mil 451 informes de control, de los cuales 15 mil 060 son simultáneos, cinco previos y 386 posteriores; precisamente en estos últimos, la Contraloría encontró responsabilidad en los 1,183 funcionarios y servidores.

De la totalidad de estos informes, 710 se hicieron en Arequipa y se determinó que nueve funcionarios tienen responsabilidad civil, cuatro con penal y 12 con administrativa, siendo que un solo servidor puede tener dos o hasta los tres tipos de falta.

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Entre los informes de control se encuentra el practicado a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) sobre el otorgamiento de bonificación extraordinaria a favor del personal administrativo y de la salud en el marco del artículo 4° del Decreto de Urgencia N°026-2020 que determinó un perjuicio económico de 321 mil 840 soles. Según el documento, detalla que se incluyó a personal que no cumplía con los criterios establecidos en el marco normativo para la entrega de esta bonificación.

Entre los responsables está el gerente regional de Salud, Christian Nova Palomino, a quien se le halló responsabilidad civil y administrativa. Además, también están inmersos los funcionarios Jacinto Armando Calderón Vera y Janet Ambrosia Medina Portal, ambos tienen responsabilidad civil y administrativa según el informe de Contraloría.

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Otro de los informes es el aplicado a la Universidad Nacional de San Agustín – UNSA por la adquisición, operatividad y funcionamiento de la planta generadora de oxígeno medicinal.

El informe de la Contraloría detalla que la casa agustina anuló la orden de compra durante la ejecución contractual y emitió otra similar con un nuevo plazo de ejecución. Además, aprobó la ampliación del plazo improcedente y otorgó conformidad por bienes diferentes a los requeridos y componentes no entregados, tampoco aplicó las penalidades y causó un perjuicio económico de S/160 mil 643.80.

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Como directos responsables se encuentran los servidores Luis Roberto Gamero Juárez, Marilia Xiomara Zúñiga Paco, ambos con responsabilidad penal y administrativa y Yolanda De Las Nieves Béjar Atoche con responsabilidad penal.

Cabe mencionar que los 13 funcionarios implicados son mediante los 80 informes que solamente el año 2021 hizo la Contraloría. En 2020 el órgano de control no encontró a personas responsables en Arequipa.