Según la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, las muertes tienen su origen en la disputa de terrenos entre los mineros de Calpa Renace, Atico Calpa y la empresa Intigold Mining S.A. (Foto: Ministerio Público)
Según la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Caravelí, las muertes tienen su origen en la disputa de terrenos entre los mineros de Calpa Renace, Atico Calpa y la empresa Intigold Mining S.A. (Foto: Ministerio Público)

Son al menos 300 los mineros artesanales con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que laboran en y para seguir laborando tendrán que llegar a un acuerdo con la junta de acreedores de Intigold Mining que vendrían a ser los nuevos dueños de la concesión.

El gerente regional de Energía y Minas de Arequipa, Miguel Ángel Gómez Yáñez, contó que el estado de emergencia en Atico, Carevelí, vence el 9 de agosto y que durante estos 2 meses que duró, se hicieron visitas de campo para hacer un diagnóstico y encontraron varias realidades, entre ellas, la gran cantidad de personas que laboran en esta zona.

RIESGO DE CONFLICTO SOCIAL

Manifestó que el retiro y la paralización de las actividades de los mineros artesanales podría generar mayor conflicto social, por lo que los nuevos dueños de la concesión, la junta de acreedores de Intigold, tendrán que evaluar las condiciones.

Cabe recordar que desde el OEFA indicaron que Intigold se encuentra en proceso de cierre de mina, por lo tanto, no puede hacer contrataciones con mineros artesanales para la extracción del mineral.

Los equipos de trabajo que realizaron inspecciones durante estos dos meses que duró el estado de emergencia, recién  elaboran sus informes y en adelante, se evaluará la situación y la solución a plantear para evitar que hayan más enfrentamientos, por una parte, los mineros de Calpa Renace, por otra, Atico Calpa y la concesionaria.

Para completar con este trabajo pedirán la ampliación del estado de emergencia por 60 días más y la decisión se asumirá en la reunión virtual que tendrán los miembros del equipo multisectorial donde participan funcionarios del Ministerio de Energía y Minas.

La ampliación permitirá concretar una salida viable y evitar que haya más enfrentamientos de violencia como el ocurrido el 2 de junio en la que murieron 14 personas.

Pero ello implicaría un mayor gasto del Estado para cubrir los gastos de estadía de los efectivos y miembros del Ejército que permanecen en Atico.