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Las irregularidades administrativas cometidas en la mala ejecución del proyecto para la construcción del hospital de Chala, no serán sancionadas. Estas fueron registradas entre enero de 2015 y diciembre de 2018, por lo que ya prescribieron. A decir de la jefa de la Oficina de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Arequipa, Yulemi Valladares Díaz, cerca de mil procesos denunciados hasta el 2021 corren el riesgo de decaer sin castigo, “o mejor dicho, los dejan prescribir”.
En el caso de las obras en Chala, las indagaciones de control señalaron como responsables a Elena Yeny Castro, Daniel Jesús Alvarado Morales, José Henry Montañez Puma, Miriam del Piral Morales Villafuerte, Yalily Medalith Castillo Gonzales, Hugo Ñaca Bailón y Yamila Osorio Delgado, estos dos últimos también con responsabilidad penal.
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Para el presidente del Consejo Regional de Arequipa, Miguel Ángel Linares, esta situación, como muchas otras, obliga a esta gestión a tomar cartas en el asunto, reforzando el equipo de la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos para evitar que quienes atentaron de alguna manera contra los recursos estatales, salgan bien librados.
La situación se complica más en el caso del hospital de Chala, hasta ahora incompleto. Y es que sus equipos están técnicamente vencidos o por vencer, a pesar de que siguen embalados, porque nunca se usaron, tal como lo precisó la abogada Valladares.
OCI ADVIRTIÓ SOBRE AMPLIACIONES DE PLAZO A FAVOR DE CONTRATISTA Y SUPERVISORA
Durante el 2020, la Oficina de Control Institucional efectuó hasta tres servicios de control al Hospital de Chala, y un servicio de control simultáneo con Contraloría cuando se ejecutaba el expediente técnico de saldo de obra. Las obras estuvieron a cargo del Consorcio Chala N° 2, mientras que la supervisión quedó a cargo de Acruta Tapia Ingenieros Sac, pero durante el tiempo de construcción se aprobaron 16 ampliaciones de plazo, adendas a favor del contratista y de la supervisión, así como para los montos otorgados para la adquisición de materiales.
OCI detectó que las ampliaciones se aprobaron inobservando cláusulas contractuales en beneficio del contratista y supervisión de la obra, adquiriendo el GRA la obligación de pagar más por gastos generales. También se dejaron de aplicar penalidades y el compromiso de pago, generando al GRA un perjuicio de 5 millones 310 mil soles, y riesgo de pérdida de gastos presupuestarios por 4 millones. Encima, la obra no cumplió su finalidad pública, porque hasta ahora el hospital no funciona.
La jefe de OCI del GRA precisó en audiencia con los consejeros regionales, que el informe 014-2022-GC de OCI, advierte que en una de las ampliaciones se simuló retrasos por la existencia de suelo rocoso, pese a que la contratista fue la misma empresa que se encargó de elaborar el expediente técnico, por lo tanto, pudo ver las condiciones del suelo antes de comenzar el proyecto.
AMPLIACIÓN PARA SALA QUIRÚRGICA
Los demás adicionales tienen que ver con la “ampliación del proyecto para una sala quirúrgica”, como lo requirió la exgobernadora Yamila Osorio, lo que debía ser considerado como una nueva obra, y no un adicional.
Solo en el primer caso, por el suelo rocoso, se dejó de aplicar la penalidad, calculada en 4 millones 325 mil 503 soles. La supervisora se benefició con 207 mil 615 soles.
Para la construcción de la Sala Quirúrgica, la contratista obtuvo indebidamente ampliaciones de plazo con el aval de la supervisora, beneficiándose con el pago de mayores gastos generales, generando un perjuicio de 7 millones 523 mil soles y una obligación de pago por 160 mil 807 soles. Los expedientes para la aprobación de las ampliaciones se promovieron sin considerar la Ley de Contrataciones del Estado.
Contraloría también detectó que los equipos no fueron instalados y que, pese a ello, podrían entrar en obsolencia, considerando lo que dice la Dirección General de Operaciones en Salud y la Dirección de Equipamiento y Mantenimiento, que señala que la vigencia tecnológica es de solo 7 años.
El Gobierno Regional de Arequipa sigue con el problema de las obras inconclusas sin poder abrir el establecimiento de salud. Mientras tanto, el Ministerio Público analiza el caso para el inicio de la investigación.
