La obra de la avenida Juan de la Torre, a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa, presenta graves deficiencias que comprometen su durabilidad y podrían provocar su deterioro prematuro; así lo advirtió un informe de la Contraloría tras evaluar los trabajos desde el 6 de enero al 2 de febrero.
El proyecto contempla la renovación de 11 230.40 metros cuadrados de calzada y la implementación de 1 261 metros de señalización horizontal. La inversión asciende a S/ 2,354,497.35 y el cronograma de obras estima un plazo de ejecución de 60 días.
INFORME DE CONTRALORÍA
De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.° 010-2026-OCI/0353-SCC, el contratista no realizó la cantidad mínima de pruebas exigidas para verificar la calidad del material empleado en la base del pavimento, que es una capa de 25 centímetros de espesor que debe cumplir estrictos estándares de compactación para garantizar que la pista soporte el tránsito vehicular sin deformarse.
Entre los ensayos omitidos se encuentran pruebas de granulometría, límites de consistencia, sales solubles, partículas fracturadas y densidad de campo, todos ellos requeridos tanto por la normativa técnica como por el expediente técnico de la obra.
Además, en el tramo del carril de bajada los resultados de compactación fueron inferiores al 100 % de la densidad máxima seca obtenida en el ensayo Proctor Modificado (herramienta para medir cuánto se puede compactar un material si se hace correctamente).
El informe también revela un hecho que agrava la situación. Según el cuaderno de obra, el 13 de enero se registraron lluvias que provocaron el colapso de un buzón de desagüe en la intersección con la Avenida Álvarez Thomas. El agua residual inundó la base granular que ya había sido colocada y compactada.
Lo más preocupante es que el mismo buzón ya había colapsado días antes, pero no se implementaron medidas correctivas. Tampoco se evaluó el reemplazo del material contaminado ni se verificó si el terreno afectado mantenía sus propiedades.
REPORTE DE CONTRALORÍA
La Contraloría advierte que estas deficiencias podrían comprometer la calidad, vida útil y durabilidad del pavimento, pues se trata de afectaciones a la base granular del principal elemento estructural de la vía.
Asimismo, se encontró que la obra carece del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR) que debía ser autorizado antes del inicio de la ejecución física. Aunque el expediente técnico contempló una partida de S/12,000 para este concepto, el informe señala que, al 27 de enero, el plan recién se encontraba en trámite y había sido observado por el Ministerio de Cultura, pese a que la obra comenzó el 6 de enero de 2026.
Debido a que la avenida se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento del Centro Histórico, según el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, la autorización del PMAR debía obtenerse previamente a cualquier remoción de suelo.
La Contraloría advirtió que la falta de autorización podría conllevar la paralización de la obra y una eventual ampliación de plazo. También verificó que la información de la obra no se encontraba actualizada en el Sistema Nacional de Información de Obras Públicas (INFOBRAS).
Ante ello, otorgó un plazo máximo de cinco días hábiles para que el burgomaestre Víctor Hugo Rivera informe qué acciones preventivas y correctivas adoptará para subsanar cada una de las situaciones adversas identificadas, debiendo adjuntar la documentación de sustento respectiva.
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